El Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó, por separado, en sesión extraordinaria dos dictámenes para la expedición de las Leyes de Ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2023; de los 217 proyectos, 154 solicitaron el cobro el Derecho de Alumbrado Público y el resto, que corresponde a 63 no lo solicitaron.

En este sentido, como parte del orden del día, las y los diputados aprobaron el dictamen con minuta de decreto por el que se expiden las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023 de 63 ayuntamientos, sin considerar el Derecho de Alumbrado Público, así como la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, además de los valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

En otro momento de la sesión las y los diputados avalaron, por mayoría de votos en lo general, el dictamen con minuta de decreto por el que se expiden las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de 154 municipios que solicitaron el cobro del Derecho de Alumbrado Público, así como la Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos, además de los valores Catastrales de Construcción por metro cuadrado.

En el marco de la discusión de las leyes de ingresos municipales, el diputado Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal reiteró que la fórmula aplicada para el cobro del Derecho de Alumbrado Público fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto así que otros estados han solicitado reuniones para aplicarla también en sus demarcaciones. Asimismo, refirió que el cobro del Derecho de Alumbrado Público es simbólico para la ciudadanía.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Carlos Evangelista Aniceto refirió que la justificación de los municipios es que la aplicación de este cobro es legal, sin embargo, consideró que no deja de afectar la economía de la ciudadanía.

Fernando Sánchez Sasia precisó que en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se revisó que la formula a aplicar cumpliera con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es decisión de los ayuntamientos mantener o eliminar dicho cobro, aunque señaló que en todo momento de debe de cuestionar a los municipios cómo se aplica este recurso.

Iván Herrera Villagómez sostuvo que tras dos años de pandemia hay que tomar las medidas necesarias para mejorar la economía, por lo que se dijo en contra de este proyecto.