Esto, de acuerdo con los expedientes 4235/2019 y 3265/2020 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) tras las quejas recibidas, tanto por familiares como por los afectados, así como por darse a conocer los hechos a través de redes sociales.

En el primero de los casos, el organismo señaló que en julio de 2019 tres jóvenes de dicho municipio iban caminado tras haber ido a jugar un partido de futbol, cuando fueron detenidos por policías municipales y uno efectivo tiró sus cosas a uno de ellos, además de que le quitaron su credencial de elector, así como lo agredieron.

Derivado de esto, fueron llevados a la comandancia, uno de ellos fue puesto en libertad el mismo día, mientras que los otros dos adolescentes, dos días después, sin embargo, a ninguno de los tres adolescentes les fue realizado el procedimiento administrativo correspondiente, lo que se traduce como una detención arbitraria.

La Comuna argumentó que fue por faltas administrativas, pues los elementos de la municipal dijeron que detuvieron a las tres personas por resistirse a una inspección, encontrarse agresivos y alterar el orden público, tal y como se desprende, pero no se tiene constancia de que esto haya sido así.

Mientras que en el expediente 3265/2020, la CDH manifestó que derivó debido a que elementos de este municipio decomisaron una carretilla con aguacates a una persona que se encontraba vendiendo en calles de la demarcación, por lo que los fue siguiendo en una motocicleta.

Esto, con el fin de impedir la actuación de los uniformados, por lo que personal del ayuntamiento le impidió que avanzara, por lo que el adolescente los confrontó, pero los efectivos lo sometieron, siendo cuatro o contra él y derivado de ello lo subieron a una patrulla, pero cometieron exceso de la fuerza.

La CDH señaló que al practicarle la revisión médica se determinó que el adolescente se encontraba politraumatizado, además de que no le regresaron su mercancía.

Emite recomendaciones

Tras esto, la comisión emitió las recomendaciones 17/2020 y 18/2020 por ambos hechos, ya que acreditó que hubo violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, así como a la propiedad de un peticionario por parte de los policías municipales.

Por ello, pidió al presidente municipal, Gustavo Vargas Cabrera, que en el caso de reparen los daños médicos y psicológicos ocasionados a los cuatro adolescentes del primer caso; dar vista al titular de la Contraloría para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación.

En el caso del joven el que le decomisaron su mercancía, se le haga la devolución del vehículo, así como se colaborare con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación que se inicie

Además de que se emita una circular para instruir a los Jueces calificadores del municipio en cuestión, para evitar que realicen detenciones fuera del marco legal y brindar capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.

Sumado a que se emita una circular para capacitar a los servidores públicos del municipio, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de sus funciones, se sujeten su actuar en lo establecido por las leyes y en protección de los derechos humanos.