AP.- En México, una larga lista de delitos no violentos como el robo en viviendas o de combustible es causa de prisión preventiva en automático, donde no hay posibilidad de fianza ni arresto domiciliario.

Se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie pronto sobre esta figura legal, de la que algunos magistrados sostienen que viola los tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse sólo en casos “excepcionales” para evitar que los sospechosos huyan de la justicia.

Las personas acusadas de asesinato y otros delitos violentos rara vez quedan en libertad bajo fianza en cualquier parte del mundo. Pero en México, la lista de cargos que permiten detener a un sospechoso que espera un juicio ha aumentado a 16, entre ellos abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales.

Sin embargo, aproximadamente sólo dos de cada 10 personas acusadas de un delito en México son declaradas culpables. Eso significa que, de los 92 mil sospechosos que se calcula están ahora en las celdas a la espera de un juicio, a menudo junto con criminales endurecidos, unos 75 mil pasarán años encerrados en las prisiones del país, con pocas probabilidades de ser declarados culpables.

Los juicios en México pueden alargarse por un tiempo sorprendentemente largo. Hace poco, dos hombres fueron liberados con tobilleras electrónicas después de pasar 17 años en prisión mientras eran juzgados por asesinato. Extrañamente, ahora que han sido declarados culpables, los dos están en libertad mientras presentan sus apelaciones.

Uno de ellos, Daniel García Rodríguez, dijo: “Nos preocupa también que casi 100 mil mexicanos se encuentran en prisión preventiva sin sentencias. Ellos y sus familias son en su mayoría pobres, y la esta medida los ha ubicado en una condición de más vulnerabilidad”.

Todo ello hace que muchos inocentes pasen años en prisión. Los activistas dicen que un número cada vez mayor de mexicanos se ven obligados a optar por una forma de negociación de los cargos, simplemente porque es probable que pasen más tiempo en una celda tratando de limpiar sus nombres que el que pasarían si fueran declarados culpables.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ampliado el número de delitos que se consideran no aptos para obtener una fianza y ha pedido públicamente a la Suprema Corte que no libere a más personas que están esperando un juicio.

Su gobierno argumenta que eso crearía presiones o amenazas adicionales contra los jueces para que acepten sobornos a cambio de liberar a los sospechosos, y crearía un sistema de justicia de “puerta giratoria” en el que los sospechosos podrían salir de la cárcel tan pronto como son detenidos.

“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”, señaló la Secretaría de Gobernación al exhortar a la Corte a no cambiar las normas.

Los activistas dicen que también es necesario examinar si México debería encerrar a personas durante años sólo con base en la opinión de la policía. Las fuerzas policiales del país no son conocidas por tener sofisticadas técnicas de investigación y a menudo mantienen a personas encerradas por la más mínima sospecha mientras intentan construir casos contra ellas.

“Lo que hace es: ‘Te detengo y luego te investigo’”, comentó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, exfuncionario de derechos humanos.

México no dispone de fianzas en efectivo ni de propiedades como Estados Unidos. En cambio, para aquellos que son liberados antes del juicio, hay más de una docena de mecanismos destinados a garantizar que se presenten ante el tribunal, los cuales van desde dispositivos de vigilancia electrónica hasta la confiscación de pasaportes y controles periódicos.