En el año 2020, durante la pandemia las instituciones de salud fueron las que recibieron la mayor cantidad de quejas.

De enero a noviembre del año 2020, la región conformada por los estados de Puebla y Tlaxcala acumuló 236 quejas tramitadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de autoridades que operan en ambas entidades federativas.

Según el reporte del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, dio a conocer que en el año de inicio de la pandemia por COVID19 las dependencias del Gobierno Federal que acumularon mayor número de quejas en contra fueron las instituciones del sector salud, seguidas de las dependencias de educación, y seguridad.

Puebla, acumuló al cierre del mes de noviembre del 2020 un total de 200 quejas registradas en la plataforma de la CNDH, de las cuales el 32 por ciento fueron en contra de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 64 expedientes activos, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) registró el 11.5 por ciento del total de quejas con 23; en tanto que la Secretaría del Bienestar registró 36 quejas que representa el 18 por ciento del total, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 12 expedientes activos es el 6 por ciento.

En tanto que Tlaxcala tiene un total 36 quejas, de las cuales el 22.2 por ciento fueron interpuestas contra personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene siete expedientes de queja que representa el 19.44 por ciento del total; la Secretaría del Bienestar registra tres quejas con el 8.33 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública con tres quejas también.

En el caso de los expedientes abiertos contra personal del IMSS e Issste los hechos denunciados son por omitir suministrar medicamentos; omitir proporcionar atención médica; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; y realizar deficientemente los trámites médicos, estas acciones en el marco de una pandemia.