¡Síguenos!Señala que la Suprema Corte validó el proceso conforme a la ley.
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Durante su intervención pública, la mandataria aseguró que no hay persecución política ni afectaciones a derechos fundamentales en el caso, al tratarse —dijo— de un requerimiento fiscal formulado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismo que fue revisado por las instancias judiciales competentes sin que se acreditaran irregularidades.
Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los amparos promovidos no resultaron procedentes, lo que dejó firme la resolución emitida por el último tribunal colegiado que conoció del expediente.
Detalló que dicha resolución estableció un monto a cubrir conforme a la ley, con la posibilidad de realizar ajustes dependiendo de la modalidad de pago, tal como lo prevé la legislación fiscal vigente.
En relación con los tiempos, precisó que no se trata de un ultimátum, sino de plazos legales derivados de una notificación formal, tras la cual las empresas involucradas contaron con un periodo para acercarse a la autoridad fiscal y definir el cumplimiento correspondiente.
Finalmente, indicó que la legislación permitió estructurar el pago en parcialidades, por lo que el paso siguiente fue que los contribuyentes acudieran al SAT para acordar el esquema aplicable, conforme a lo establecido en la ley.
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