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Empresarios avalan inversión en infraestructura y condicionan su participación Especial

Empresarios avalan inversión en infraestructura y condicionan su participación

Sector reconoce inversión histórica, pero pide garantías de pago.

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Mipymes enfrentan límites financieros y costos de formalidad.

El sector de comercio, servicios y turismo manifestó su apoyo al Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo 2026-2030, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó claro que no participará mientras no se asegure el pago oportuno a proveedores y se concreten medidas adicionales, como la simplificación regulatoria.

La advertencia se basa en la situación cotidiana de miles de negocios. La mayoría, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas, opera con flujos limitados, lo que les impide financiar proyectos públicos o absorber retrasos en pagos sin afectar su estabilidad y el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales.

El presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, señaló que las grandes obras deben vincularse con proveeduría local y regional, para que el impacto económico llegue a las empresas más pequeñas y no se concentre únicamente en grandes corporativos.

El plan presentado por el gobierno federal prevé una inversión de 5.6 billones de pesos, orientada a fortalecer el Plan México y dinamizar el crecimiento económico. Desde el sector empresarial se reconoce su relevancia, pero se insiste en que los resultados dependerán de la certeza en los pagos, sobre todo para las Mipymes.

En conferencia de prensa, De la Torre subrayó la urgencia de contar con una política definida de pago a proveedores, que permita a las empresas financiarse y sostener su operación. También advirtió que los esquemas de inversión con participación privada requieren reglas claras, evaluadas cuidadosamente por los inversionistas.

El dirigente calificó el plan como una inversión histórica, tanto pública como mixta, aunque recalcó que su impacto territorial dependerá de integrar proveeduría local, regional y polos de desarrollo.

Asimismo, expuso los costos de la formalidad en México. Abrir un negocio implica alrededor de 28 mil pesos en trámites, pero el mayor desafío es mantenerse formal frente a obligaciones laborales y fiscales crecientes.

Recordó que la economía informal representa 25.4% del PIB, una cifra que consideró alarmante por el número de personas sin seguridad social. Ante ello, presentó una ruta de formalización productiva, basada en un diagnóstico oficial y una agenda enfocada en simplificación, incentivos, productividad, digitalización y seguridad, con la expectativa de que se implemente antes del segundo semestre del año.

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