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El fallo busca certeza jurídica en la creación de nuevos partidos políticos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) responder de inmediato y de manera íntegra la consulta presentada por la organización Construyendo Sociedades de Paz (CSP), relacionada con la anulación de afiliaciones de cientos de sus militantes por presunta doble inscripción partidista.
CSP, organización que ya superó el número de afiliaciones requeridas para constituirse como partido político, impugnó la respuesta del INE al considerar que no otorgó certeza suficiente sobre la aplicación de reglas en casos concretos, especialmente cuando existen duplicidades de afiliación o cambios en las condiciones de una asamblea.
Los magistrados electorales concluyeron que la autoridad administrativa debe brindar certeza no solo a CSP, sino a todas las organizaciones que atraviesan el proceso de constitución como partido político nacional.
El proyecto aprobado, elaborado por la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, establece que el INE debe explicar de forma clara y coherente las razones de sus determinaciones, a fin de que las organizaciones conozcan cómo cumplir los requisitos legales.
Aunque el INE respondió que no existe omisión normativa en casos de afiliaciones duplicadas, omitió pronunciarse sobre afiliaciones recabadas en asambleas sin quórum, así como en aquellas que pierden quórum tras la revisión de duplicidades.
La Sala Superior advirtió que la respuesta del INE puede generar incertidumbre, al mezclar categorías como afiliaciones “del resto del país” y afiliaciones “de asamblea”, sin aclarar cómo se concilian ambas.
CSP sostuvo que es necesario depurar los casos de doble afiliación que afectan su registro como partido político nacional. Afirmó que miles de simpatizantes aparecen afiliados a otros partidos sin consentimiento, lo que podría invalidar asambleas distritales y poner en riesgo su proceso de constitución.
La organización exigió al INE neutralidad institucional y que no se anulen avances por errores administrativos ajenos a su control.
