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Defiende 107 libros y acusa presión para modificarlos.
El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, afirmó que permanecerá en el cargo hasta recibir una notificación formal por escrito, conforme a la legislación laboral vigente. La declaración ocurre luego de que, la tarde de este viernes, se intentara retirarlo de la institución con presencia policial y sin un documento administrativo que fundamentara la decisión.
“Hasta que no me entreguen un documento donde diga mi despido, conforme a las leyes vigentes laborales, pues yo sigo en el puesto”, sostuvo. Aseguró que continuará despachando mientras no exista un oficio oficial.
Arriaga relató que convocó a la prensa para exponer lo sucedido y llamó al “magisterio insurgente nacional” a formar un poder popular que permita refundar la Secretaría de Educación Pública. Señaló que la institución ejerce violencia física y simbólica contra sus propios integrantes.
El funcionario reiteró que defenderá los materiales educativos “con uñas y dientes”, ya sea desde la oficina o desde la calle. Negó que su postura implique aferrarse al cargo. Subrayó que su defensa responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana y a los 107 libros de texto diseñados y publicados como parte del plan de estudios 2022.
Indicó que la instrucción para modificar los materiales provino de la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, quien envió oficios solicitando cambios en libros para maestros, primaria y preescolar. Según explicó, las solicitudes incluían tablas con proyectos marcados para modificación, lo que implicaría elaborar nuevos libros sin justificación académica vinculada con la Nueva Escuela Mexicana.
Añadió que la única instrucción recibida de la Presidencia fue continuar con ese modelo educativo. Consultado sobre si las indicaciones provenían del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respondió que actuó bajo la orden de su mando inmediato y que desconoce una instrucción directa superior.
Afirmó que en los últimos meses percibió mayor presión y una estrategia legal para obligar a la dirección a acatar los cambios bajo advertencias de incumplimiento.
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