¡Síguenos!Propuesta busca eliminar comisiones por emisión de estados de cuenta impresos.
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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analiza la adición a la Ley de Instituciones de Crédito para prohibir el cobro por la emisión o impresión de estados de cuenta. La iniciativa plantea un ajuste puntual, pero con impacto directo en millones de usuarios del sistema financiero.
El diputado de Morena, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, explicó que la propuesta busca impedir que las instituciones de crédito realicen este cobro, sin importar el número de veces que los documentos sean solicitados. El planteamiento es claro: la entrega deberá hacerse de forma gratuita, clara y accesible, ya sea en sucursal o mediante medios electrónicos.
La iniciativa establece que “cualquier cláusula contractual que establezca comisiones o cargos por este concepto se tendrá por nula de pleno derecho”. Con ello, se pretende cerrar la puerta a prácticas que hoy generan un costo adicional para los usuarios.
En la exposición de motivos para adicionar el artículo 48 Bis 6 a la ley, el legislador sostiene que el cobro por impresión de estados de cuenta se ha convertido en una práctica generalizada. La califica como un gasto injustificado, que representa un ingreso extra para los bancos y afecta especialmente a quienes necesitan estos documentos para trámites oficiales.
También advierte que los costos reales de emisión son mínimos y ya forman parte de los gastos operativos de las instituciones financieras. Desde esta perspectiva, el cobro configuraría una doble comisión, contraria a los principios de proporcionalidad y transparencia previstos en la legislación financiera.
El diputado subraya la afectación a sectores vulnerables, como personas adultas mayores y usuarios sin acceso regular a internet. Para ellos, el estado de cuenta impreso no es un lujo: es una necesidad, ya que múltiples trámites públicos y privados continúan exigiendo documentación física.
Domínguez Rodríguez afirma que la iniciativa armoniza la legislación con prácticas internacionales, fortalece la transparencia y protege a los usuarios frente a comisiones injustificadas, reforzando la relación entre ciudadanía y sistema financiero.
