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El plan incluye formación gratuita, estímulos ampliados y un crédito fiscal de hasta 30%.
La secretaria de Cultura, Claudia Estela Curiel de Icaza, presentó una política integral para el sector cinematográfico que articula inversión en formación, fortalecimiento institucional, nueva legislación y un incentivo fiscal para ampliar la producción nacional y atraer proyectos internacionales con proveeduría mexicana.
Durante el acto celebrado en Palacio Nacional, la funcionaria destacó la presencia de la comunidad cinematográfica y afirmó que la política cultural del gobierno federal reconoce al cine como un pilar de identidad, memoria y cohesión social, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Curiel de Icaza subrayó que el sector constituye un ecosistema completo: formación, desarrollo, producción, posproducción, exhibición y preservación. El nuevo esquema de incentivos —precisó— refuerza ese ciclo mediante mecanismos estructurales de impulso al cine nacional.
En formación, informó que el gobierno destinó alrededor de mil 600 millones de pesos para renovación y equipamiento de escuelas artísticas, incluido el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde se eliminaron las inscripciones de licenciatura para garantizar educación gratuita.
El CCC incrementó su matrícula más de 30% tras abrir la sede Chapultepec, orientada a oficios del cine. Para 2026, proyecta certificar a alrededor de dos mil estudiantes con acceso gratuito y más de 50 cursos.
En exhibición, destacó la inauguración de la Cineteca Chapultepec, con ocho salas, foro al aire libre y espacios académicos. La nueva ley reconoció al cine como parte de la memoria cultural con resguardo obligatorio del patrimonio audiovisual.
En fomento, señaló que el Instituto Mexicano de Cinematografía opera esquemas para todo el ciclo productivo. El estímulo Eficine aumentó cerca de 20% y el presupuesto anual del instituto creció 25%.
La nueva Ley de Cine y el Audiovisual otorgó permanencia normativa al FOCINE, estableció incremento progresivo del fomento y fijó una cuota obligatoria de 10% de exhibición de cine nacional con supervisión semestral.
Como eje central, anunció un crédito fiscal contra el ISR de hasta 30% del gasto en territorio nacional, con tope de 40 millones de pesos por proyecto, condicionado a que al menos 70% de la proveeduría sea mexicana. El incentivo aplica para largometrajes y series de ficción, animación y documental, así como procesos de animación, efectos especiales y posproducción.
