¡Síguenos!Montos observados podrían reducirse tras proceso de solventación oficial.
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las irregularidades por más de 65 mil millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador corresponden a una etapa preliminar de revisión. La mandataria aclaró que aún resta el periodo de solventación, fase en la que los montos suelen disminuir tras revisiones más detalladas.
Sheinbaum explicó que una parte significativa de los señalamientos se refiere al gasto federalizado, es decir, recursos transferidos a estados y municipios, lo que implica procesos administrativos complejos y requerimientos documentales que suelen necesitar aclaraciones posteriores de las autoridades responsables.
El anuncio de la ASF, precisó, forma parte de una primera fase técnica, en la que se identifican inconsistencias o falta de información suficiente, pero no significa automáticamente daño patrimonial acreditado ni responsabilidad firme. Durante el proceso, las dependencias y entes auditados deben entregar documentación y comprobantes conforme a los plazos establecidos por la ley.
La presidenta subrayó que no atender observaciones podría derivar en responsabilidades para servidores públicos en funciones, incluso si las irregularidades corresponden a ejercicios anteriores, obligando a las administraciones actuales a dar seguimiento puntual.
Además, mencionó que en experiencias previas los montos inicialmente señalados tienden a reducirse significativamente al concluir la revisión, gracias a la integración de información faltante en la primera evaluación.
Ante cuestionamientos sobre el impacto político, Sheinbaum recomendó esperar a que finalice el procedimiento completo, dado que etapas técnicas y legales pueden modificar los resultados preliminares.
La ASF, dependiente de la Cámara de Diputados, fiscaliza el gasto público federal, incluidos recursos transferidos a entidades federativas, y sus informes forman parte del sistema de rendición de cuentas constitucional.
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