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Integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobaron la minuta para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.
En la sesión ordinaria electrónica de este jueves, avalaron el proyecto de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, al coincidir que es necesaria una reforma integral y profunda que eleve la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todas y todos los mexicanos.
Lo anterior, tras reconocer que en los últimos años la protección de los derechos y libertades constitucionales del ciudadano han estado prácticamente olvidados por diversos factores, por lo que hoy en día la impartición de justicia enfrenta grandes retos debido a las desigualdades en su sistema.
Lo anterior debido a que en ocasiones, los jueces no se conducen con ética, profesionalismo e imparcialidad en sus trabajos; que los cargos dentro de los órganos judiciales que deberían ocuparse por méritos, se otorgan en algunos casos a familiares y amigos; el sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que las personas juzgadoras sean honestas o mejor preparadas; que las políticas internas del poder judicial por combatir la corrupción, el nepotismo no han dado resultados, entre otras.
Por ello, los Congresistas señalaron que son necesarias las reformas a fin de garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita a los ciudadanos, para que sus asuntos sean atendidos con la eficacia y profesionalismo debidos, y se genere confianza en los jueces y en general en la justicia del Estado Mexicano.
De ahí, que estas acciones legislativas van encaminadas a dotar de un marco jurídico acorde a las nuevas exigencias y necesidades de los mexicanos.
Entre los temas que abarca esta reforma se encuentran: Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito; Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito; Fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación; Política jurisdiccional; Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte; Inamovilidad de juzgadores y; regulación de la Carrera Judicial.
Así como Paridad de Género; Escuela Federal de Formación Judicial; Defensoría Pública Federal; Régimen recursivo; Controversias Constitucionales: Inconstitucionalidad y; Amparo Directo, por mencionar algunos.
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Puebla, Tlaltenango, Cholula y Tepeaca, son los municipios donde existen más denuncias por los abusos que cometen las empresas en la venta o recargas de tanques de oxígeno, declaró el coordinador de los diputados locales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla.
Dijo que estas denuncias las recibe como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, que por eso planteará un exhorto a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para supervisar estos negocios.
Añadió que también buscará una reunión con el titular de esta dependencia federal, con el fin de exponer cada una de las quejas en contra de los negocios, que no tienen piedad de la población y venden a un precio muy elevado los tanques de oxígeno.
Mencionó que como diputado local de Morena, quiso facultar a la Secretaría de Economía de atribuciones de vigilancia en contra de empresas que operan en medio de una crisis sanitaria, pero precisó que estas no se concretarán porque exclusivamente corresponden a la federación.
“He recibido quejas y denuncias en los precios de tanque de oxígeno, no solo de Puebla, sino también de Tlaltenango, Cholula, Tepeaca, lo que vamos hacer es buscar al titular de la delegación de Profeco y ver si puede emprender mayor acción a los que comercian con estos tanques”. A lo largo de estos días, he recibido diversos mensajes sobre la situación que se vive en Puebla ante el aumento excesivo en los precios de venta y relleno de tanques de oxígeno, es por ello que quiero informarles que presentaré ante el Congreso un exhorto dirigido a la PROFECO. — Gabriel Biestro (@Biestro) January 28, 2021
Cabe señalar que la mañana de este jueves, el gobernador de Puebla, Miguel Barbos Huerta, recriminó la ausencia de la delegación de la Profeco, bajo el argumento de que no hay sanciones en contra de las empresas que cometen abusos en medio de la crisis sanitaria.
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En conferencia de prensa virtual, dijo que estas dos quejas se interpusieron ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), donde hace unos días se emitió un dictamen, para dejar en claro que Bracamonte González no puede estar al frente del partido.
Dijo que estas quejas se basan luego de convocar a un Consejo Político “hechizo” el pasado domingo y por negarse a cumplir con el proceso de entrega-recepción del partido político, del cual, dijo, solo Edgar Garmedia de los Santos, es el único que puede tomar decisiones como líder estatal.
Agregó que también se documentó la multa que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) a Mario Bracamonte por un monto de 11 millones de pesos, luego de encabezar años atrás el cargo de delegado presidente de Morena.
“Hay tres testimonios públicos en los que se demuestra cómo se solicitó la entrega de los bienes materiales propiedad del partido sin que obtuvieran una respuesta. Asimismo las documentales sobre la multa por 11 millones de pesos que aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena durante el periodo de gestión de Bracamonte González”.
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Por seguir ostentándose como dirigente en Puebla, fue denunciado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese instituto político
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena reveló que ya presentó las denuncias contra Mario Bracamonte por continuar ostentando el cargo de dirigente estatal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), por lo que ellos serán los encargados de resolver la controversia.
En conferencia virtual, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Javier Bermúdez, indicó que las dos quejas eran contra la convocatoria a la sesión de consejeros estatales del pasado domingo 24 de enero, donde se hizo la designación de Bracamontes como dirigente y otros acuerdos relativos a la plataforma electoral del partido.
Por lo que comentó que será la CNHJ de Morena quien se encargue de resolver dichas controversias, toda vez que no pretenden expulsar Bracamonte ni a los militantes que votaron a su favor.
Sin embargo, cabe señalar que fue la propia Comisión la que en enero revocó a Bracamonte como nuevo dirigente local, dejando con el cargo a Edgar Garmendia de los Santos.
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Con esa resolución del TET los integrantes del cabildo deben otorgar el pago puntual e íntegro de todas y cada una de las prerrogativas de la síndica municipal, conforme al presupuesto y a sus funciones.
Asimismo, abstenerse de realizar cualquier conducta dirigida a menoscabar sus funciones, al igual que evitar cualquier manifestación que implique violencia psicológica, económica o patrimonial sobre ella.
Además el órgano jurisdiccional local determinó garantizar la debida asistencia de la síndica a todas y cada una de las sesiones de Cabildo, brindando el apoyo necesario para su traslado al recinto destinado para las mismas, cuando éstas sean presenciales, para lo cual ordenó al alcalde girar oficio al director de Seguridad Pública y Vialidad del Ayuntamiento, para que en el ámbito de su competencia coadyuve con lo establecido en esta medida cautelar.
Las medidas incluyen convocar a la actora a las sesiones de Cabildo “con la debida diligencia, y en aras de garantizar su participación en las mismas, se deberá poner a su disposición, y la con debida antelación, la información necesaria sobre los temas a discutir en dichas sesiones. Además, se deberá propiciar un ambiente de respeto y no discriminación sobre la quejosa”.
Lo anterior al resolver el expediente TET-JDC-05/2021, dentro del cual la síndica solicitaba diversas medidas cautelares, incluida la suspensión del cargo del alcalde e incluirlo en la lista de las personas sentenciadas por violencia política en razón de género. Sin embargo, la solicitud resultó improcedente porque era con respecto a cargos de elección popular y no a la suspensión del cargo como presidente municipal, lo que pertenece a otras autoridades.