¡Síguenos!Propuesta redefine financiamiento, fiscalización y control ciudadano del gasto electoral.
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El proyecto plantea una reforma constitucional en materia político-electoral mediante modificaciones a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. El objetivo es claro: cambiar las reglas de financiamiento a los partidos políticos, fortalecer los mecanismos de fiscalización y ampliar la participación ciudadana en la supervisión del gasto electoral.
Uno de los ejes centrales es un nuevo esquema de distribución del financiamiento público. La mitad de los recursos se asignaría de forma igualitaria entre los partidos, mientras que el resto se distribuiría conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior de diputaciones.
La propuesta incorpora además una plataforma tecnológica que permitiría a la ciudadanía reportar en tiempo real ante el INE los gastos de propaganda y campaña observables, tanto en espacios físicos como digitales. El mecanismo busca ampliar la vigilancia social sobre el uso de recursos durante los procesos electorales.
En materia de fiscalización, el proyecto establece que los procesos deberán ser públicos, garantizando el acceso ciudadano a la información sobre los gastos reportados por los partidos ante la autoridad electoral. Asimismo, plantea asegurar financiamiento público a las candidaturas independientes, equivalente al 20 por ciento del tope de gastos de campaña correspondiente a cada cargo.
Sobre el trámite legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que la Comisión Permanente dio turno a la iniciativa una vez que el INE acreditó el cumplimiento del requisito de firmas, subrayando que la autoridad electoral no evalúa ni califica el contenido de la propuesta.
Añadió que, al tratarse de un mecanismo de participación previsto en la Constitución, la iniciativa debe seguir el mismo cauce legislativo que cualquier reforma constitucional y discutirse en igualdad de condiciones frente a las iniciativas de los grupos parlamentarios o del Ejecutivo federal. El Congreso, sostuvo, tiene la responsabilidad de procesar estas reformas conforme a los procedimientos parlamentarios y al marco legal vigente.
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