MADRID – El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales responderá el próximo 3 de febrero del 2025 ante el juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado 11 sesiones, distribuidas entre el 3 y el 19 de febrero del próximo año, para el juicio a Rubiales y a los otros tres acusados de coaccionar a la jugadora para que justificase la actuación del expresidente de la RFEF: el ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque, al ex entrenador de la femenina Jorge Vilda y el que fuera responsable de Marketing de la Federación, Rubén Rivera.

Según la diligencia de ordenación dictada este lunes, la vista oral en la que Rubiales enfrenta a una petición de la fiscal de dos años y medio de cárcel, uno más que los otros acusados, tendrá lugar en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

Además de la Fiscalía, también figuran como acusaciones la propia Jenni Hermoso y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que solicitan las mismas condenas de cárcel que el ministerio público.

El ministerio público describe en su escrito de conclusiones una conducta de Rubiales “sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación” de Jenni Hermoso cuando, durante la entrega de medallas del Mundial, la “sujetó la cabeza” con ambas manos y le “propinó un beso en los labios”.

Y le acusa también de presionar de manera “constante” y reiterada a la futbolista y a su entorno para que “justificara y aprobara” el beso que le dio “contra su voluntad” ante “las consecuencias personales y profesionales” a las que éste podría enfrentarse.

La internacional pide además que se imponga a Rubiales la prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante ocho años y una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y de otros 50.000 a pagar con el resto de acusados.

Al mismo tiempo , Rubiales está investigado en un juzgado de Majadahonda (Madrid) por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por presuntas irregularidades en contratos de la Federación cuando éste estaba al frente.