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Mientras crecen las denuncias por fallas en rescate, desaparecidos y viviendas colapsadas en La Guaira, el gobierno insiste en que activó su respuesta de inmediato.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó el jueves una firme defensa de la actuación de su gobierno frente a los devastadores terremotos de la semana pasada, en medio de una creciente ola de cuestionamientos por la lentitud de la respuesta oficial, la falta de transparencia sobre el número real de víctimas y el colapso de viviendas de interés social en las zonas más golpeadas.
Durante una conferencia de prensa nocturna en Caracas con periodistas extranjeros, Rodríguez rechazó las críticas contra su administración, que intenta consolidar legitimidad meses después de que Estados Unidos derrocó al exmandatario Nicolás Maduro en enero. Con un listón negro en señal de luto, la mandataria sostuvo que la respuesta estatal se activó de forma inmediata y acusó a medios de comunicación de difundir desinformación. “Nosotros no esperamos un día, dos días o tres días. Inmediatamente se activó”, afirmó.
Las críticas, sin embargo, persisten. Habitantes de La Guaira, el estado más afectado, han denunciado que en las primeras horas posteriores a los sismos no hubo una operación seria de búsqueda y rescate, lo que los obligó a remover escombros con sus propias manos para encontrar a familiares y vecinos. Rescatistas también han advertido sobre la falta de equipo especializado, mientras expertos han señalado que la construcción deficiente de proyectos de vivienda social impulsados durante el mandato del expresidente Hugo Chávez dejó a numerosos sectores expuestos al impacto del desastre.
Hasta el miércoles, las autoridades habían contabilizado al menos 2,295 muertos, una cifra que se prevé aumente. El jueves no se ofreció un nuevo balance de fallecidos y el gobierno ha mantenido un control estricto sobre la información pública y las tareas de ayuda. En paralelo, más de 38,000 reportes de personas desaparecidas han sido enviados a un sitio web creado por la oposición venezolana, ante la ausencia de cifras oficiales sobre desaparecidos.
En medio del escenario de devastación, el jueves emergió un hecho que rompió por momentos la desesperanza. Equipos de emergencia venezolanos e internacionales rescataron con vida a Hernán Alberto Gil Flores, un guardia de seguridad de 43 años hallado bajo los escombros de un centro comercial colapsado tras permanecer casi ocho días atrapado. Su caso fue presentado como un rescate casi milagroso: sobrevivió en una bolsa de aire bajo el concreto, alimentado con agua y comida que rescatistas lograron pasarle a través de grietas.
Mientras las televisoras nacionales repetían las imágenes del rescate, en otras zonas de La Guaira avanzaba una realidad mucho más sombría. En la ciudad portuaria de Catia La Mar, funcionarios trasladaban bolsas para cadáveres y apilaban ataúdes de madera, mientras el olor de cuerpos en descomposición se extendía por calles rodeadas de edificios derrumbados. Las labores de rescate, de hecho, se enfocaban cada vez más en la recuperación de cuerpos que en la búsqueda de sobrevivientes.
Cuestionada sobre reportes que apuntan a una cifra de víctimas mayor a la reconocida oficialmente —incluidas versiones de que Naciones Unidas estaría adquiriendo 10,000 bolsas para cadáveres—, Rodríguez defendió el conteo gubernamental. “No queremos dar números que no estén rigurosamente confirmados”, dijo. También rechazó las acusaciones de que las viviendas sociales mal construidas agravaron el desastre. Según sostuvo, cerca del 80% de los edificios desplomados fueron desarrollados por el sector privado, aunque no presentó pruebas.
La mandataria sí reconoció que, en las zonas de colapso, los primeros en responder fueron sobrevivientes, familiares y vecinos. Aun así, insistió en que un día después de los sismos ya se había movilizado toda la capacidad del Estado venezolano junto con el sector privado. El desastre representa hasta ahora la mayor prueba política y de gestión para Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro antes de asumir como presidenta encargada con respaldo del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Las declaraciones de Rodríguez se produjeron un día antes de que expire la prórroga de 180 días de su mandato interino. La falta de transparencia oficial mantiene la incertidumbre sobre qué ocurrirá una vez que el plazo venza el viernes. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, las ausencias temporales del mandatario pueden ser cubiertas por el vicepresidente hasta por 90 días, prorrogables por otros 90 días con aval de la Asamblea Nacional, controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
En el plano internacional, Rodríguez también destacó el apoyo recibido desde el extranjero. A diferencia de lo ocurrido tras los deslaves de 1999, cuando Hugo Chávez rechazó ayuda de Estados Unidos, la actual presidenta encargada ha recibido públicamente asistencia y equipos de rescate de gobiernos de distintos signos políticos, incluido el de Trump. Al agradecer el respaldo, mencionó incluso a Israel, país con el que Venezuela no mantiene relaciones diplomáticas, y elogió al secretario de Estado Marco Rubio, de quien dijo que estuvo “permanentemente atento, ofreciendo apoyo”.
Washington ha comprometido más de 300 millones de dólares y desplegado a unos 900 efectivos militares para apoyar las tareas de rescate y ayuda. Además, John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, indicó que los ingresos de la producción petrolera venezolana —controlados por el Departamento del Tesoro estadounidense desde la captura de Maduro— también se están destinando a las labores de emergencia. Esa promesa ha elevado las exigencias de mayor transparencia sobre el uso de esos recursos. “Los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se use para la protección de los venezolanos”, expresó Laura Cristina Dib, directora del programa de Venezuela en la Washington Office on Latin America.
