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California busca anular un acuerdo por más de 111 millones de dólares relacionado con el proyecto eólico de Morro Bay.
Nueva York y otros siete estados impugnan acuerdos por mil 400 millones de dólares para cancelar cuatro proyectos eólicos marinos.
Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados presentaron este martes demandas por separado contra el Gobierno del presidente Donald Trump, al que cuestionan por utilizar dinero de los contribuyentes para deshacer contratos de producción de energía eólica, en medio de su campaña en favor de los combustibles fósiles.
El fiscal de California, Rob Bonta, anunció un segundo litigio que busca anular en tribunales el acuerdo mediante el cual la Casa Blanca aceptó pagar más de 111 millones de dólares a Invenergy para que abandone su contrato de arrendamiento en el área de energía eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California.
La querella sostiene que el acuerdo, firmado en junio pasado por el Departamento del Interior (DOI), incluía una exigencia para que las filiales de Invenergy invirtieran la misma cantidad en proyectos de combustibles fósiles o geotermia fuera del estado.
“En un momento en que necesitamos más energía limpia y confiable, el presidente Trump intenta enviar 111 millones de dólares a sus amigos de la industria de combustibles fósiles y quiere que los contribuyentes y las familias trabajadoras paguen la factura”, afirmó Bonta en un comunicado.
Se trata de la segunda demanda presentada por California debido a los bloqueos a la energía eólica en Morro Bay.
En otro frente judicial, Nueva York, junto con otros siete fiscales generales, pidió bloquear dos acuerdos de la Administración Trump que otorgarían mil 400 millones de dólares de los contribuyentes a compañías energéticas a cambio de cancelar cuatro proyectos eólicos marinos vinculados con Bluepoint Wind e Invenergy.
“El plan ilegal de la administración Trump de sobornar a las empresas para que renuncien a los proyectos eólicos marinos planificados en Estados Unidos es un abuso indignante de los fondos públicos”, declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado.
Los dos proyectos cancelados en Nueva York, por sí solos, tenían prevista una inversión superior a 16 mil millones de dólares en el estado y la creación de más de 2 mil 800 nuevos empleos.
A la demanda encabezada por Nueva York se sumaron los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont.
Las acciones cuestionadas abarcan además otros proyectos. A inicios de agosto, el Ejecutivo acordó pagar mil 220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore, empresa de energía eólica marina, para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamiento frente a las costas de California, Nueva York y Luisiana.
