¡Síguenos!Reitera autonomía ministerial y separación entre debate político y proceso penal.
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La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una línea discursiva ante señalamientos dirigidos a integrantes y exfuncionarios vinculados a la Cuarta Transformación, al descartar la existencia de investigaciones formales y remitir cualquier indagatoria a la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de su autonomía constitucional.
Desde el Ejecutivo, sostuvo que no se instruyen investigaciones y que se respeta la autonomía ministerial. En la práctica, la postura ha operado como contención ante crisis internas, al cerrar filas en torno a perfiles señalados y desplazar la carga probatoria hacia denunciantes o autoridades judiciales.
En su posicionamiento más reciente, defendió al almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, al deslindarlo de la investigación por el llamado huachicol fiscal. Precisó que la indagatoria se centra en una red de contrabando de combustible y evasión de impuestos, y que no existe denuncia ni carpeta en su contra.
Sobre Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, afirmó que no hay procedimiento judicial activo y diferenció entre señalamientos mediáticos y procesos ministeriales. Subrayó que una investigación requiere elementos jurídicos, no solo acusaciones públicas.
En referencia al libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, reiteró que cualquier persona con pruebas puede acudir ante autoridades competentes. Las narrativas, dijo, no constituyen fundamento legal suficiente.
También defendió a Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP; negó elementos de responsabilidad penal.
En los casos de Adán Augusto López Hernández, Ignacio Ovalle Fernández, Manuel Bartlett Díaz, Cuitláhuac García Jiménez, Mario Delgado Carrillo y Ricardo Monreal Ávila, repitió la misma premisa: sin denuncia formal ni carpeta abierta, el Ejecutivo no interviene.
En cada episodio, Sheinbaum reiteró cuatro ejes:
1.- Inexistencia de denuncia,
2.- Ausencia de carpeta pública,
3.- Autonomía de la FGR y
4.- Diferenciación entre responsabilidad política y penal.
