¡Síguenos!Piden evitar la criminalización de protestas y reforzar líneas de investigación.
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A casi doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Comité de Madres y Padres urgió este viernes a la Secretaría de Gobernación (Segob) a convocar a todas las instituciones involucradas en el caso para revisar el estado de las investigaciones, retomar líneas de trabajo pendientes y garantizar que las manifestaciones del movimiento no sean criminalizadas.
En un posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fechado este viernes en Ayotzinapa, las familias solicitaron una reunión integral con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la unidad especial encargada del caso. Los padres precisaron que esta petición no sustituye los encuentros periódicos que mantienen con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El comité sostuvo que desde 2024 quedaron sin seguimiento diversas líneas de investigación impulsadas después del descrédito de la llamada “verdad histórica”, versión oficial previa a 2018 que la CoVAJ calificó como un montaje destinado a ocultar responsabilidades y el destino de los normalistas desaparecidos.
De acuerdo con las familias, esas indagatorias apuntaban a la posible participación de cuerpos de seguridad, integrantes de Guerreros Unidos y funcionarios locales de Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los padres solicitaron concentrar esfuerzos en dos puntos considerados prioritarios. El primero es la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde, según documentos militares, habrían sido trasladados al menos 17 jóvenes antes de un posible movimiento posterior. El segundo corresponde a Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, sitios donde podrían haber sido llevados al menos 11 estudiantes.
Asimismo, pidieron crear una comisión de trabajo integrada por cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial para revisar 33 folios militares y obtener elementos que el Ministerio Público pueda integrar como pruebas en una eventual judicialización.
También exigieron a la Cancillería incluir en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes consideran piezas clave por su presunta relación con actos de tortura, alteración de escenas y conocimiento de hechos vinculados con la comandancia policial.
Las familias solicitaron además apoyo técnico internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y demandaron que no se criminalice ni reprima al movimiento ni a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos durante las protestas recientes relacionadas con la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron.
