¡Síguenos!Iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para análisis legislativo.
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La propuesta plantea modificar el artículo 10 de dicha legislación para que, en estos casos específicos, la pena de prisión y la sanción económica aumenten hasta en una mitad, tanto en su mínimo como en su máximo. Actualmente, el delito de secuestro se sanciona con penas de cuarenta a ochenta años de prisión y multas de mil a cuatro mil días. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
En el documento, la legisladora expone que el secuestro es uno de los delitos de mayor impacto social, ya que sus efectos trascienden a la víctima directa y alcanzan a su familia y entorno cercano. Esta gravedad, subraya, se intensifica cuando la persona afectada se encuentra en la primera infancia, particularmente entre los cero y tres años, etapa decisiva para el desarrollo físico, emocional y mental.
El texto advierte que durante esos primeros años las niñas y los niños dependen completamente del cuidado materno y paterno, al requerir atención médica continua, esquemas de vacunación, vigilancia nutricional y cuidados preventivos. Además, destaca que el apego cumple una función esencial que va más allá del ámbito emocional, al estar ligado a necesidades biológicas y de supervivencia.
La iniciativa señala que la exposición temprana a la violencia o a eventos traumáticos como el secuestro puede generar consecuencias permanentes. De acuerdo con estudios citados, quienes enfrentan estrés crónico en edades tempranas presentan mayor probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, adicciones, así como enfermedades metabólicas como diabetes y obesidad.
Asimismo, la diputada presentó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que entre enero de 2015 y diciembre de 2024, una de cada diez víctimas de secuestro en México correspondió a niñas, niños o adolescentes.
Ante este panorama, la propuesta sostiene la necesidad de reforzar el marco legal vigente para imponer sanciones más severas a quienes cometan secuestro contra menores de tres años, en atención a su extrema vulnerabilidad y a la alta peligrosidad de estas conductas.
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