¡Síguenos!Solicitó que el Órgano Interno de Control investigue la actuación de funcionarios involucrados.
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El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez denunció posibles irregularidades en el proceso legislativo de una reforma relacionada con el delito de extorsión, al afirmar que el documento aprobado por el Congreso local no coincidió plenamente con la iniciativa original enviada por el Ejecutivo estatal.
Durante su intervención, explicó que el 11 de diciembre del año pasado llegó al Congreso una propuesta para homologar una reforma nacional. Posteriormente, la iniciativa fue enviada a la comisión correspondiente; sin embargo, aseguró que el documento recibido contenía tres artículos menos que el texto original.
Según relató, la comisión aprobó la propuesta y posteriormente fue votada por el Pleno. Más tarde, el 15 de diciembre, el decreto fue remitido al Periódico Oficial del Estado para su publicación.
Micalco sostuvo que el documento enviado para publicación carecía de los tres artículos que habían sido eliminados previamente. Indicó que el 19 de diciembre la Secretaría General del Congreso emitió una nota aclaratoria dirigida al Periódico Oficial para incorporar aproximadamente 1,400 caracteres, equivalentes a cerca de 200 palabras distribuidas en tres artículos que, afirmó, resultan fundamentales dentro de la reforma.
El legislador señaló que este procedimiento excedería los casos habituales de correcciones administrativas, las cuales normalmente se limitan a errores menores. A su juicio, la situación debe ser revisada por las instancias competentes debido al alcance de las modificaciones realizadas.
Asimismo, mencionó como responsables administrativos al director jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, y al secretario general del Poder Legislativo Julio Leopoldo de Lara Valera, al considerar que ambos participaron en el proceso cuestionado.
Micalco afirmó que ya presentó los hechos ante el Órgano Interno de Control para que se investiguen posibles responsabilidades. También citó disposiciones contenidas en la legislación administrativa y penal que, en su opinión, podrían ser valoradas por las autoridades correspondientes.
Finalmente, advirtió que permitir modificaciones posteriores a la aprobación de una ley podría generar precedentes delicados para el proceso legislativo. Por ello, exhortó a que se dé seguimiento al caso y se adopten medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
