La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de aprehensión en contra del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por su probable responsabilidad por la deportación y traslado ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso.

En marzo de 2022, la CPI decidió abrir la investigación en contra del mandatario ruso por crímenes de lesa humanidad ocurridos en territorio ucraniano durante la invasión rusa a Ucrania, que empezó desde hace un año.

De acuerdo con el artículo 59 del Estatuto de Roma, tratado firmado en 1998 que creó a la CPI, cualquier Estado que forme parte podrá hacer la detención de un mandatario que sea solicitado por la Corte hasta que ese funcionario pise su territorio. Las policías y fuerzas de seguridad no pueden violar la soberanía de otro país.

Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional, pues en 2016 decidió retirar su firma de ese tratado, el cual nunca ratificó. Por su parte, aunque Ucrania no firmó el estatuto, aceptó la jurisdicción de la CPI en noviembre de 2013.

México es parte de ese estatuto desde el 2000, cuando el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo firmó ese tratado el 7 de septiembre de ese año.

Putin no es el primer mandatario en funciones al que le emite una orden de arresto el tribunal internacional con sede en La Haya.

Omar Al Bashir, presidente de Sudán, fue solicitado por ese organismo jurisdiccional en 2009 por su responsabilidad en los crímenes de Darfur, una región al occidente de ese país africano.

Al Bashir siguió en el poder durante diez años y fue depuesto por un golpe de Estado en 2019. Los militares que tomaron el poder lo entregaron ante las autoridades de la CPI dos años después.