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El Salvador aprueba reforma constitucional para imponer cadena perpetua Especial

El Salvador aprueba reforma constitucional para imponer cadena perpetua

 

Congreso avala reforma con 59 votos; Bukele fortalece lucha contra pandillas.

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Diputada Claudia Ortiz es la única voz opositora en contra

El Congreso de El Salvador, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó el martes una reforma constitucional destinada a establecer la cadena perpetua en un país donde más del 1% de la población ha sido encarcelada en su guerra contra las pandillas.

La iniciativa contó con 59 de los 60 votos de los diputados, incluyendo a dos de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La diputada del conservador partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue la única que se opuso.

Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, precisó que la reforma aplicará a quienes hayan cometido homicidios, feminicidios y violaciones, poniendo al centro el "derecho de vivir sin miedo". La propuesta ahora será estudiada por la Comisión Política, que discutirá y ratificará la medida en la plenaria programada para el martes.

Horas antes, Bukele anunció en su cuenta de X que su gabinete de seguridad presentaba la iniciativa de cadena perpetua, prohibida actualmente en la Constitución. Esta reforma se suma a otras impulsadas por Bukele, criticadas por debilitar el sistema de pesos y contrapesos y afectar la democracia salvadoreña.

“Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, afirmó el mandatario.

En julio de 2025, otra reforma eliminó límites al mandato presidencial, allanando el camino para que Bukele permanezca indefinidamente en el poder. La medida de cadena perpetua se enmarca en su guerra contra pandillas, iniciada con el estado de emergencia de marzo de 2022, que suspendió derechos constitucionales y detuvo a 91,300 personas, de las cuales Bukele dice que 8,000 inocentes fueron liberadas.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, persecución de críticos y activistas, y juicios colectivos con escaso acceso a la defensa legal. Funcionarios aseguran que los pandilleros detenidos “jamás volverán” a las calles.

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