¡Síguenos!Naciones Unidas advirtió que las desapariciones deterioran confianza social e institucional en el país.
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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció públicamente la labor de las madres buscadoras y de las familias que mantienen la exigencia de verdad y justicia frente a las desapariciones de personas en México.
A través de un mensaje difundido en la cuenta oficial del organismo en la red social X, el funcionario internacional afirmó que las desapariciones continúan siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos dentro del país.
“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”, señaló Volker Türk.
El representante de Naciones Unidas sostuvo que los colectivos de búsqueda, muchos de ellos encabezados por mujeres, cumplen una función esencial en la localización de personas desaparecidas, la preservación de memoria y la exigencia de rendición de cuentas ante las autoridades.
La oficina del Alto Comisionado advirtió que este fenómeno genera un sufrimiento prolongado para las familias afectadas y provoca un deterioro en la relación entre ciudadanía e instituciones públicas.
“Erosionan la confianza entre la población y el Estado, responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, indicó el organismo internacional.
Türk también reconoció la persistencia de las familias y colectivos al señalar que su labor no se limita a tareas de búsqueda y documentación. Destacó que estas organizaciones han impulsado visibilidad pública y presión institucional frente a la magnitud de la crisis.
La visita del Alto Comisionado en abril ocurrió en un contexto donde el gobierno federal redefinió su política sobre desaparición de personas. La presidenta sostuvo entonces que el delito es reconocido oficialmente y que la estrategia gubernamental prioriza la atención a víctimas y el fortalecimiento institucional.
Durante su estancia, el funcionario internacional sostuvo reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, colectivos de víctimas y autoridades mexicanas. La agenda incluyó revisión de políticas públicas, mecanismos de búsqueda y condiciones de acceso a la justicia.
El debate también se concentró en el tratamiento público del fenómeno. Mientras el gobierno defendió un enfoque técnico y de atención directa, organizaciones civiles insistieron en mantener visibilidad pública y rendición de cuentas ante la dimensión de las desapariciones en México.
