Empresarios acusan doble discurso y presión fiscal contra Mipymes nacionales
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Empresarios acusan doble discurso y presión fiscal contra Mipymes nacionales
CCE y Canaco CDMX advierten presión del SAT y riesgo de informalidad
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Coparmex reporta corrupción y trabas administrativas en tres niveles gubernamentales.
Empresarios del país señalaron la existencia de un doble discurso del gobierno federal respecto al respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Mientras el mensaje oficial sostiene apoyo al sector, líderes empresariales afirman que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene prácticas que, en su percepción, generan presión y un ambiente que califican como “terrorismo fiscal”.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que el mensaje gubernamental es claro en favor de las Mipymes. Sin embargo, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, advirtió que el amedrentamiento fiscal, sumado a la reducción de la jornada laboral a 40 horas y al pago de impuestos sobre nómina, está provocando que las empresas “no desaparezcan, pero sí que se vayan a la informalidad”.
Medina Mora explicó que al SAT se le han presentado cinco propuestas prácticas: devolución del IVA en 30 días; una sola auditoría por ejercicio; requerimientos de información mediante muestra y no al 100%; homologación de criterios en oficinas del SAT a nivel nacional; y permitir garantizar un crédito fiscal con fianza o carta de crédito. Precisó que cuatro de las cinco solicitudes ya se implementaron y que la pendiente, relativa al crédito fiscal, continúa en diálogo.
Gutiérrez Camposeco subrayó que las Mipymes generan más del 70% del empleo y pidió que no se les imponga mayor carga. Señaló que el entorno actual puede incentivar la informalidad y criticó que, cuando un pequeño empresario recibe una invitación del SAT, enfrenta advertencias como: “o me pagas lo que me debes o te congelo las cuentas”.
Por su parte, el presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, insistió en una reforma para permitir la deducibilidad al 100%, ya que más del 90% de sus socios son Mipymes. Añadió que 40% de las empresas afiliadas ha reportado al menos un acto de corrupción en los tres niveles de gobierno y que una de cada dos enfrenta trámites municipales y estatales largos, costosos y poco claros.
