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Iniciativa incluye límites salariales y mayor fiscalización de recursos políticos
Con un enfoque centrado en la austeridad republicana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió al Senado el denominado Plan B de la reforma electoral, una propuesta que plantea ajustes constitucionales y legales para disminuir costos en el sistema electoral.
El proyecto retoma una agenda que no logró mayoría calificada en el Congreso en su versión original. Ahora, se concentra en modificaciones a leyes secundarias y en medidas de contención presupuestal. La mandataria sostuvo que el objetivo es claro: reducir los recursos asignados a órganos electorales y partidos políticos, al considerar que el gasto vigente resulta excesivo frente a necesidades sociales en estados y municipios.
Entre los puntos centrales, se establecen límites al número de regidurías municipales, fijando un rango de siete a 15 integrantes según la población. La medida busca ajustar estructuras administrativas sin ampliar burocracia.
El documento incorpora un tope de 0.70% del gasto estatal para congresos locales, lo que obligaría a entidades que superen ese límite a reducir su presupuesto. Los ahorros, según el planteamiento, se canalizarían hacia infraestructura social, bajo un esquema de redistribución del gasto público.
En materia salarial, se determina que funcionarios del INE, tribunales y órganos locales no podrán recibir ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal. Además, se contempla la eliminación de bonos, seguros médicos y prestaciones adicionales para altos funcionarios electorales.
La iniciativa también modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incluyendo el inicio inmediato de cómputos tras el cierre de casillas para reducir incertidumbre. Se añaden mecanismos de fiscalización más estrictos, con convenios entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear recursos en campañas.
En paralelo, la Ley General de Partidos Políticos obligaría a transparentar ingresos en tiempo real mediante sistemas bancarizados. La propuesta ajusta la revocación de mandato, permitiendo su convocatoria en el tercer o cuarto año de gobierno.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el proyecto y subrayó que el eje es disminuir excesos y fortalecer la participación ciudadana. El documento mantiene la elección judicial prevista para 2027, con ajustes para reducir candidaturas y reforzar revisión de perfiles.
