¡Síguenos!Discusión legislativa podría resolverse antes del receso por Semana Santa
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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la aprobación del Plan B electoral dependerá exclusivamente del voto en el Senado, tras presentar una iniciativa enfocada en la reducción de privilegios dentro del sistema político y en la modificación del esquema de revocación de mandato.
El planteamiento incorpora dos ejes centrales: por un lado, la disminución de beneficios en espacios como regidurías, congresos locales, Senado y órganos electorales; por otro, la posibilidad de solicitar la revocación en el tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto.
Sheinbaum dejó claro que su papel se limita a proponer. La decisión final recae en el Poder Legislativo. Bajo esa lógica, el proceso permitirá identificar qué fuerzas respaldan la eliminación de privilegios y cuáles optan por mantenerlos.
Durante una reunión con legisladores, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, planteó que existe intención de discutir la iniciativa en el corto plazo, antes del receso de Semana Santa. Aun así, la mandataria reconoció que el proyecto podría no avanzar, como ocurrió con la reforma constitucional previa.
Rechazó interpretar un eventual rechazo como derrota política. A su juicio, el proceso legislativo también exhibe posturas públicas de los partidos. Señaló que diferencias con fuerzas como el PT forman parte de la dinámica democrática, aunque insistió en que el punto central es la permanencia o eliminación de privilegios.
En paralelo, mencionó otros temas en agenda: la eliminación de “pensiones doradas”, reformas sobre inteligencia artificial en doblaje y medidas para proteger voces e impulsar el cine mexicano.
El calendario legislativo, añadió, está condicionado por el periodo vacacional, lo que podría incidir en los tiempos de discusión.
El Plan B avanzó a comisiones con una ruta clara: reducir el gasto público y modificar la revocación de mandato. Su aprobación dependerá de alcanzar mayoría calificada en el Senado.
Desde el Ejecutivo se planteó que la reforma busca ajustar el gasto institucional, particularmente en el INE, bajo el principio de que ningún funcionario gane más que la Presidencia.
La propuesta contempla revisar estructuras administrativas, número de regidores y esquemas de compensaciones. Se identificaron ingresos adicionales por bonos que elevan el costo operativo.
El objetivo: liberar recursos. Se estima un ahorro de cuatro mil millones de pesos, destinados a infraestructura social como transporte, agua o equipamiento urbano.
La modificación a la revocación permitiría su concurrencia con elecciones intermedias, siempre sujeta a firmas ciudadanas y validación del INE. No sería automática. Dependería de requisitos legales y participación ciudadana.
