¡Síguenos!Producción objetivo: 8 mil 600 millones de pies cúbicos diarios.
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En un giro estratégico, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum estudia la aplicación de fracturación hidráulica sustentable para explotar reservas de gas natural no convencional. La iniciativa busca reforzar la soberanía energética mediante tecnologías consideradas de bajo impacto.
Actualmente, México depende en gran medida del suministro externo. Las importaciones desde Estados Unidos cubren alrededor del 75% del consumo, una proporción que el plan oficial pretende reducir de forma progresiva.
La propuesta de PEMEX establece una meta ambiciosa: alcanzar una producción diaria de 8 mil 600 millones de pies cúbicos. Para lograrlo, se plantea el uso de métodos que sustituyen el agua por fluidos alternativos, además de integrar procesos de reciclaje hídrico, uso de químicos biodegradables y sistemas de captura de metano.
El tema, sin embargo, genera posiciones encontradas. Colectivos como Greenpeace México y la Alianza Mexicana contra el Fracking sostienen que los riesgos ambientales persisten, especialmente en lo relacionado con acuíferos y salud pública. Desde el ámbito técnico, consultoras advierten que el desarrollo de esta industria podría tardar entre 10 y 15 años.
En el contexto de abril de 2026, especialistas de la UNAM y el IPN participan en la evaluación científica del proyecto, mientras el gobierno insiste en que el modelo busca compatibilizar desarrollo energético y sostenibilidad.
El antecedente remite al 7 de marzo de 2018, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó el fracking en el país, tras aprobación el 02 de marzo. La medida contempló la apertura de nueve áreas en Tamaulipas, dentro de la Ronda 3.3, con una inversión estimada de 2.300 millones de dólares.
El proyecto abarcó 300 kilómetros cuadrados y afectó a 158 comunidades, detonando una reacción social inmediata. “El fracking representa una violación grave a los derechos humanos”, señala una petición respaldada por Avaaz, que exigió detener el proceso bajo el principio precautorio.
A nivel internacional, países como Francia, Irlanda y regiones como Nueva York han prohibido la técnica. Las críticas apuntan al uso intensivo de agua, químicos y sus efectos en mantos freáticos. En este contexto, la posible modificación a la Ley de Aguas Nacionales añade tensión por su impacto en el consumo humano.
