¡Síguenos!Gobierno analiza retirar concesión si se confirman vínculos con grupos delictivos
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El gobierno federal investiga el caso de la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, tras denuncias de que la empresa operadora habría recurrido a integrantes del crimen organizado para intimidar a trabajadores sindicalizados. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gabinete de seguridad ya revisa el expediente.
La operación pertenece a la empresa canadiense Orla Mining, señalada por presunta responsabilidad en actos de violencia contra trabajadores afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero. Los hechos reportados incluyen amenazas de muerte y la presencia de personas armadas durante asambleas sindicales.
Una resolución preliminar del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC documentó evidencias de intimidación. El informe señala: “Se utilizaron amenazas para obligarlos a afiliarse a un gremio de protección patronal”. El caso se inserta en una disputa por la titularidad del contrato colectivo.
Trabajadores denunciaron que las agresiones fueron notificadas a autoridades federales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, sin que se registrara una respuesta efectiva. Este entorno elevó la presión durante el proceso sindical.
La presidenta sostuvo que su administración no permitirá abusos empresariales. Advirtió que, si se comprueban vínculos con grupos delictivos, se aplicarán sanciones conforme a la ley. Entre las medidas en análisis se contempla el posible retiro de la concesión minera, en coordinación con la Secretaría del Trabajo.
En paralelo, la empresa informó que mantiene operaciones regulares. Durante el primer trimestre de 2026, Camino Rojo registró la extracción de más de 2.02 millones de toneladas de mineral, con una producción estimada de entre 340 mil y 360 mil onzas de oro. La Semarnat autorizó la expansión del proyecto, incluida la minería subterránea.
Se trata de la primera intervención del mecanismo laboral del T-MEC en minería en México con este nivel de señalamientos. El procedimiento permite revisar violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva, con posibles sanciones comerciales.
La Secretaría del Trabajo mantiene seguimiento del caso junto con autoridades federales e instancias internacionales. El expediente integra testimonios y reportes que serán evaluados para determinar responsabilidades.
El gobierno federal informará avances una vez concluido el análisis integral, conforme al marco legal vigente y compromisos internacionales en materia laboral.
