¡Síguenos!Congreso y sector empresarial elevan presión sobre reforma judicial de 2024
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La administración del presidente Donald Trump colocó en el centro del debate bilateral la reforma judicial de 2024 en México. ¿Qué ocurrió? El gobierno estadounidense planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum la necesidad de garantizar jueces independientes y calificados. ¿Cómo? A través de un posicionamiento público que vincula directamente la confianza de inversión con la autonomía del sistema judicial. ¿Cuándo? En el primer pronunciamiento formal sobre este tema durante el actual mandato.
El subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, sostuvo que esta preocupación ha sido comunicada en repetidas ocasiones a autoridades mexicanas, en paralelo con consultas con la comunidad empresarial estadounidense. Su mensaje fue directo: la autonomía judicial no es un detalle técnico, es una condición estructural para sostener la credibilidad del entorno económico.
Durante su comparecencia, Kozak subrayó: “Se necesitan jueces calificados, que sean independientes, que no estén en el bolsillo de los cárteles, ni de China, ni de nadie más”. La declaración, sin rodeos, introduce un subtexto claro: la preocupación no es abstracta, apunta a riesgos concretos sobre la integridad institucional.
El funcionario insistió en que la presión de Estados Unidos debe enfocarse en generar certidumbre jurídica. Lo planteó sin ambigüedad: si México busca atraer capital, debe fortalecer la confianza en su sistema judicial. El eje es evitar el uso del aparato judicial contra inversionistas.
En la misma audiencia, el congresista demócrata Greg Stanton advirtió que la reforma podría convertirse en un factor restrictivo para la inversión estadounidense. Señaló que los cambios constitucionales podrían dejar a los jueces expuestos a influencias externas, incluidas organizaciones del crimen organizado o actores internacionales.
El contexto se intensificó el mismo día. Cerca de 300 multinacionales agrupadas en el National Foreign Trade Council enviaron una carta alertando que la reforma limita la autonomía judicial en México. Este posicionamiento se suma a reportes previos del Departamento de Estado y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que ya habían documentado inquietudes similares.
La señal es consistente: la discusión sobre la reforma judicial mexicana ya opera en clave internacional. Y la variable crítica es una sola: confianza.
