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• Propuesta plantea ajustar reglas para fortalecer control ciudadano efectivo
• Diagnóstico advierte baja participación y alto costo en ejercicio de 2022
El mecanismo de revocación de mandato en México requiere ajustes en su diseño para consolidarse como una herramienta real de control democrático, señala Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El documento “Revocación de mandato: condiciones de diseño y eficacia democrática” establece que este instrumento solo alcanza efectividad cuando garantiza participación ciudadana, accesibilidad y resultados vinculantes mediante reglas claras.
El análisis subraya que, aunque la figura ya está reconocida en la Constitución, su diseño actual limita su alcance y lo aleja de su objetivo central: evaluar el desempeño del poder público. Parte de un principio clave: el poder político es un encargo ciudadano, no permanente.
Entre los factores determinantes destacan la fecha de realización, los requisitos de participación y la cobertura territorial. Estos elementos inciden directamente en la posibilidad de que el ejercicio tenga efectos legales.
Como referencia, el ejercicio nacional de 2022 registró una participación de 17.77%, lejos del 40% requerido para ser vinculante. Aunque la mayoría votó por la continuidad del Ejecutivo, el resultado no tuvo efectos legales.
El documento atribuye este comportamiento al modelo vigente, que separa el proceso del calendario electoral. Esta condición reduce la participación y eleva los costos: el ejercicio implicó un gasto de 1,692.5 millones de pesos, con más de 100 pesos por voto.
El análisis retoma la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone realizar la revocación el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, con posibilidad de coincidir con elecciones intermedias.
También contempla ampliar el periodo de solicitud e incorporar la participación del Ejecutivo en la promoción del voto, bajo restricciones claras sobre el uso de recursos públicos.
Bajo un esquema concurrente, el documento proyecta que la participación podría superar el 50%, aumentando la probabilidad de resultados vinculantes y reduciendo costos.
El estudio incorpora evidencia internacional: más de 26 países contemplan este mecanismo. En Colombia, entre 1994 y 2015, más de 160 procesos no prosperaron por altos requisitos. En contraste, en Estados Unidos, cuando coincide con elecciones, aumenta la participación y eficiencia.
El documento concluye que el diseño institucional define la viabilidad, los costos y el impacto democrático del mecanismo.
