¡Síguenos!El Congreso de Chihuahua tendría la decisión final sobre cualquier declaratoria de procedencia.
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El anuncio de una posible demanda de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua enfrenta un escenario jurídico complejo y con probabilidades reducidas de avanzar, señalaron especialistas en derecho constitucional y legisladores federales, quienes advirtieron que el mecanismo requiere procedimientos legislativos amplios y la intervención decisiva del Congreso estatal.
El constitucionalista Francisco Burgoa explicó que desde la incorporación de la figura del juicio político en 1982, ningún procedimiento de este tipo ha prosperado plenamente en México. En contraste, precisó que sí se han concretado procesos de desafuero o juicios de procedencia, como ocurrió con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el análisis expuesto, el procedimiento tendría que iniciar formalmente en la Cámara de Diputados. Posteriormente requeriría aprobación por mayoría calificada y después ser remitido al Senado de la República para su ratificación. Aun superando esas etapas, el proceso todavía dependería de la resolución emitida por el Congreso del Estado de Chihuahua.
Especialistas señalaron que, al tratarse de una gobernadora en funciones, la resolución federal tendría únicamente un carácter declarativo. La determinación definitiva sobre el retiro de inmunidad procesal recaería en la Legislatura local, donde actualmente el PAN mantiene mayoría legislativa, situación que reduce las posibilidades de una aprobación.
“Por tratarse de una gobernadora en funciones, la resolución federal tendría carácter únicamente declarativo. La decisión final de retirarle la inmunidad procesal no recaería en el Congreso federal, sino en la Legislatura local de Chihuahua”, sostuvo Burgoa al explicar el alcance constitucional del procedimiento.
El jurista también cuestionó el contexto político en el que fue anunciado el recurso. “Anunciar un juicio político desde un mitin, sin pruebas y confundiendo deliberadamente el juicio político con la declaración de procedencia, no es defensa de la Constitución: es teatro político”, afirmó.
El juicio político, regulado en el artículo 114 de la Constitución mexicana, funciona como un mecanismo de control político que puede derivar en destitución e inhabilitación de servidores públicos. Entre las causas previstas para su aplicación se encuentran ataques a instituciones democráticas, violaciones graves a garantías individuales, usurpación de facultades e infracciones constitucionales.
A las dificultades legales se suma otro factor legislativo. Integrantes del Congreso federal señalaron que actualmente existen al menos 57 juicios políticos pendientes de resolución en la Cámara de Diputados. Conforme al procedimiento parlamentario, dichos expedientes deben atenderse en el orden en que fueron presentados, lo que podría extender aún más cualquier intento de activar un nuevo proceso.
En medio del debate político, especialistas consideran que el caso enfrenta barreras constitucionales, legislativas y de mayoría parlamentaria que limitan significativamente su viabilidad inmediata.
