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Estados Unidos nunca la ha acusado formalmente de delito alguno
Cuando el presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana, como la figura clave para estabilizar a Venezuela en medio de una crisis marcada por drogas, corrupción y colapso económico.
Sin embargo, esa narrativa omitió un elemento central: Rodríguez llevaba años bajo escrutinio de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Registros obtenidos por The Associated Press indican que desde al menos 2018 la agencia reunió inteligencia detallada sobre su entorno, y en 2022 la catalogó como “objetivo prioritario”, una designación reservada para figuras consideradas de impacto significativo en el tráfico de drogas.
Los archivos describen acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro, además de presuntos esquemas de lavado de dinero. Un informante confidencial afirmó en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en Isla Margarita como fachada financiera. Más recientemente, fue vinculada al empresario Alex Saab, arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero.
Pese a ese historial, el gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez. Tampoco figura entre los más de una docena de funcionarios venezolanos señalados formalmente junto a Maduro. Aun así, su nombre aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, varias aún activas, con participación de oficinas desde Paraguay y Ecuador hasta Nueva York y Phoenix.
Tres agentes actuales y retirados de la DEA confirmaron que el interés en Rodríguez fue intenso durante su gestión como vicepresidenta iniciada en 2018. Los registros no precisan por qué recibió la etiqueta de alta prioridad, que requiere documentación extensa pero no implica necesariamente una acusación penal.
Mientras tanto, Trump comenzó a elogiar públicamente a Rodríguez, calificándola como una “persona maravillosa”, tras una conversación descrita por la Casa Blanca como “muy buena”, previa a su reunión en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.
Expertos y opositores advierten que ese acercamiento ocurre en un contexto delicado. Para analistas como Steve Dudley, de InSight Crime, el régimen venezolano funciona como una estructura híbrida-criminal. En esa línea, la líder opositora María Corina Machado sostuvo que el sistema de justicia estadounidense cuenta con información suficiente sobre el perfil de Rodríguez.
A sus 56 años, Rodríguez alcanzó el poder como colaboradora cercana de Maduro, pese a haber sido sancionada por Estados Unidos en 2018 y previamente por la Unión Europea. Las sanciones, subrayaron las autoridades, se centraron en su papel en la erosión democrática, no en corrupción.
Las investigaciones de la DEA, impulsadas por su División de Operaciones Especiales, revelan cómo se ha ejercido el poder en un país considerado el tercer más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional. Para Rodríguez, ese historial representa una presión constante, en medio de advertencias de Trump sobre posibles consecuencias mayores si no se alinea con los intereses de Washington.
