¡Síguenos!La activista mexicana denuncia violaciones a sus derechos civiles y rechaza las acusaciones en su contra.
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El arresto de la influencer mexicana Karla Toledo, conocida en redes sociales como ‘Karlangas’, ha intensificado el debate sobre la situación que enfrentan los beneficiarios de DACA en Estados Unidos durante la Administración de Donald Trump.
Toledo, originaria de Sonora, afirmó que los jóvenes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se encuentran bajo una vigilancia creciente por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Sin duda, los DACA estamos en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Temo que seamos un nuevo blanco para incrementar sus cifras de deportaciones”, declaró.
La mexicana de 30 años fue detenida el 18 de mayo en Tucson, Arizona, y trasladada a un centro de detención. Este miércoles enfrenta una audiencia que podría definir su permanencia en Estados Unidos, pese a ser beneficiaria de DACA.
El programa fue establecido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños acompañando a sus padres.
Sin embargo, durante la segunda gestión de Trump, al menos 261 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados por ICE entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Actualmente, DACA permanece cerrado para nuevos solicitantes y quienes ya cuentan con el beneficio deben renovarlo cada dos años. Los beneficiarios forman parte del grupo conocido como “dreamers” o “soñadores”.
Tras su detención, activistas de Arizona difundieron imágenes que muestran a agentes de ICE ingresando a la vivienda de Toledo en Tucson. La mexicana sostiene que los oficiales entraron sin una orden de arresto y asegura que sus derechos fueron vulnerados.
ICE la acusa de haber agredido a un agente y de haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos el 12 de octubre de 2024. Toledo rechazó ambas acusaciones y explicó que salió temporalmente del país para visitar la tumba de su padre en Sonora con un permiso otorgado por el gobierno federal.
La activista también relató las condiciones precarias observadas durante su estancia en el Centro de Detenciones de Eloy y señaló la falta de información legal para los migrantes.
Su caso se suma al del empresario mexicano Guillermo Aguilar, quien fue deportado a México después de haber vivido casi cuatro décadas en Estados Unidos.
La Administración Trump sostiene que DACA no representa un estatus legal, sino una discreción procesal. Según datos del DHS, cerca de 537 mil migrantes estaban protegidos por DACA hasta el 24 de septiembre de 2024, mientras que para septiembre de 2025 la cifra descendió a 32 mil.
