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El Gobierno de México colaborará en la investigación del caso Jeffrey Epstein únicamente si Estados Unidos presenta una solicitud formal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria precisó que la indagatoria corresponde a autoridades estadounidenses y que cualquier participación mexicana dependerá de un requerimiento oficial del Departamento de Justicia.
Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada tras la publicación de nuevos expedientes relacionados con el caso Epstein, en los que aparecen empresarios mexicanos, sin que ello implique la comisión de algún delito.
“La investigación tiene que abrirse en Estados Unidos. Es una investigación en Estados Unidos y, si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, participaremos, pero la investigación ocurre allá”, señaló la presidenta.
Con estas declaraciones, Sheinbaum descartó la apertura de una investigación en México tras la difusión de los archivos, en los que se mencionan nombres como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi. La mención, aclaró el Gobierno, no implica responsabilidad penal.
Los documentos fueron dados a conocer el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. El conjunto supera los tres millones de páginas e incluye correos electrónicos, listas de contactos, más de dos mil videos y 180 mil imágenes.
En este último lote también aparecen expresidentes mexicanos. Carlos Salinas de Gortari es mencionado en un correo fechado el 15 de noviembre de 2016; Ernesto Zedillo figura en un documento titulado “Familias Illuminati y sus asociadas”; y Enrique Peña Nieto aparece en documentos vinculados con su candidatura presidencial de 2012.
Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Aunque su muerte fue catalogada como suicidio, el caso alimentó teorías conspirativas, algunas impulsadas por Donald Trump durante su campaña presidencial de 2024. Pese a sus objeciones, la ley de transparencia fue aprobada por demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense.
