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El plan prevé 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta.
El próximo 3 de marzo, el Senado de la República debatirá un paquete de reformas en materia de infraestructura orientadas a fortalecer la inversión y dinamizar la economía mexicana. La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa informó que la discusión incluirá modificaciones a los esquemas de participación privada mediante contratos mixtos y Asociaciones Público-Privadas (APP), con el propósito de impulsar el crecimiento y reforzar la capacidad del país ante la volatilidad internacional y las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos.
El análisis se desarrollará en el foro “Infraestructura para el Bienestar”, convocado por senadores de Morena y la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, presidida por el senador Luis Armando Melgar. Especialistas, académicos y economistas revisarán la normatividad vigente y las condiciones actuales de participación privada en sectores estratégicos.
Chavira explicó que el Senado participará en la actualización del marco jurídico con base en el Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como en la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para expedir la Ley General de Infraestructura para el Bienestar.
El plan federal contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en los próximos cuatro años en sectores como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. Para este año se prevé una inversión inicial adicional de 722 mil millones de pesos, equivalente a aproximadamente 2% del PIB.
La legisladora señaló que uno de los ejes centrales es actualizar la normatividad para incorporar contratos mixtos que permitan participación conjunta y mejoren la competitividad. También subrayó la necesidad de revisar las APP creadas en 2012, ante problemas detectados como distribución inequitativa de riesgos, falta de transparencia y supervisión limitada.
Afirmó que el fortalecimiento de la infraestructura requiere un marco regulatorio especializado, capaz de atender la complejidad técnica, financiera y jurídica de estos proyectos, garantizando que la inversión privada aporte soluciones sostenibles y con impacto social.
