¡Síguenos!Gobierno federal relaciona el huachicol fiscal con evasión tributaria y crimen organizado.
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación federal relacionada con el huachicol fiscal y presuntas redes de contrabando de combustibles continúa en desarrollo, por lo que evitó emitir conclusiones sobre responsabilidades individuales y sostuvo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de presentar pruebas y definir el alcance penal del caso.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que corresponde al ministerio público explicar el origen de las denuncias, el momento en que se integraron las carpetas de investigación y los elementos que vinculan a las personas señaladas dentro de la indagatoria.
“Es muy importante que la fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación”, declaró Sheinbaum al referirse a las acusaciones vinculadas con el ingreso ilegal de combustible a territorio mexicano.
La presidenta informó además que recibió una carta de uno de los hermanos Farías, quien rechazó públicamente los señalamientos en su contra. Sin embargo, insistió en que cualquier definición jurídica deberá sustentarse exclusivamente en evidencia ministerial y procedimientos legales.
Sheinbaum describió el huachicol fiscal como un esquema de introducción ilegal de diésel al país sin cubrir obligaciones tributarias. Añadió que las investigaciones no sólo contemplan el ingreso irregular del combustible, sino también a empresas involucradas en el traslado, distribución y comercialización del hidrocarburo dentro de México.
Explicó que parte de las personas investigadas poseen doble nacionalidad, motivo por el cual el gobierno mexicano solicitó procesos de extradición a Estados Unidos.
La mandataria también atribuyó parte del origen de las investigaciones a una denuncia presentada por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, señalamiento que permitió abrir líneas de indagatoria y detectar el buque relacionado con las operaciones ilegales durante marzo pasado.
De acuerdo con el Gobierno de México, las acciones institucionales permitieron desarticular redes operativas que facilitaban el ingreso de combustible bajo mecanismos de presunta defraudación fiscal y evasión tributaria.
En paralelo, autoridades federales mantienen operativos contra estructuras de contrabando de hidrocarburos ligadas al crimen organizado, entre ellas células del Cártel del Noreste en Nuevo León. El gobierno sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia basada en inteligencia interinstitucional para limitar la capacidad financiera de organizaciones delictivas y proteger la economía nacional.
