¡Síguenos!La iniciativa plantea sanciones a autoridades que retrasen búsquedas o condicionen denuncias.
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La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de reforma para garantizar que la respuesta de las autoridades ante casos de personas desaparecidas sea inmediata, obligatoria y sin espacio para interpretaciones discrecionales.
La iniciativa fue impulsada por la coordinadora parlamentaria de MC, Ivonne Ortega Pacheco, junto con la diputada Anallely Muñoz Moreno, quienes señalaron que la desaparición de personas exige una actuación institucional rápida y coordinada desde el primer momento.
Las legisladoras advirtieron que uno de los principales problemas que enfrentan las familias es la respuesta tardía o negligente por parte del Ministerio Público. A ello, añadieron, se suma una práctica que consideran profundamente dañina: exigir que transcurran 24, 48 o hasta 72 horas antes de aceptar una denuncia por desaparición.
La propuesta busca eliminar cualquier margen de retraso. Para ello, establece con precisión qué debe entenderse por “actuación inmediata”, fijando obligaciones claras para las autoridades desde el instante en que se tenga conocimiento del caso.
El proyecto legislativo pretende cerrar vacíos legales que actualmente permiten dilaciones injustificadas y prácticas contrarias al espíritu de la ley. De aprobarse, ninguna autoridad podrá imponer tiempos de espera para iniciar procesos de búsqueda o investigación.
De acuerdo con el documento, la crisis de desapariciones en México mantiene una tendencia creciente. Las legisladoras retomaron datos del Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, el cual reporta incrementos de 7.3 por ciento en 2023, 6.3 por ciento en 2024 y un aumento de 12 por ciento durante 2025.
“La desaparición de personas no son cifras, son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre. Cada minuto cuenta, y cada retraso puede ser irreversible”, expresó la diputada Anallely Muñoz Moreno al presentar la propuesta.
Movimiento Ciudadano sostuvo que las malas prácticas institucionales no solo retrasan las denuncias, sino que además reducen considerablemente las posibilidades de localizar con vida a las víctimas.
La iniciativa también contempla fortalecer la capacitación de servidores públicos para mejorar protocolos de actuación. Además, plantea campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía para informar que las desapariciones pueden denunciarse de manera inmediata, sin necesidad de esperar horas o días.
Otro de los puntos centrales es la aplicación de sanciones a autoridades que incumplan con las obligaciones de búsqueda inmediata o que obstaculicen el acceso a la denuncia.
La propuesta surge en medio de una creciente presión social y política para reforzar mecanismos de búsqueda y atención a familias de personas desaparecidas en el país.
