¡Síguenos!Drones explosivos y viviendas incendiadas agravaron la crisis humanitaria en Chilapa.
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Las comunidades afectadas por los recientes ataques del crimen organizado en Chilapa de Álvarez continúan vacías. A una semana de los hechos violentos, decenas de familias indígenas siguen desplazadas por el temor de volver a sus viviendas y quedar nuevamente atrapadas en la violencia.
En el poblado nahua de Tula, donde comenzaron las agresiones a principios de mayo, el rastro de destrucción permanece visible. Casas reducidas a cenizas, viviendas abandonadas y animales muertos forman parte del escenario que dejaron los ataques con explosivos lanzados desde drones.
Anastasia, originaria de Xicotlán, permanece refugiada en Alcozacán desde el 9 de mayo. Mientras recuerda los primeros momentos de los ataques, relata que todo ocurrió de manera repentina mientras preparaba tortillas en su hogar.
“Aquí andamos como perros callejeros, como si no tuviéramos casa”, afirmó durante una entrevista realizada en la zona donde ocurrieron enfrentamientos el pasado 11 de mayo.
La mujer lamentó la pérdida de su patrimonio y explicó que, aunque autoridades federales prometieron apoyos para reconstruir las viviendas dañadas, ella no desea regresar a la comunidad. Su esposo, señaló, sí contempla volver.
Ante el incremento de la violencia, el Gobierno de México abrió mesas de diálogo entre comisarios ejidales y funcionarios federales y estatales para intentar construir condiciones permanentes de paz en la región.
Por instrucciones de la presidenta, cerca de mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano fueron desplegados en la zona para reforzar la seguridad.
La administración federal atribuyó la crisis a una disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, enfrentamiento que también provocó bloqueos carreteros, comunidades aisladas y denuncias de desplazamientos forzados.
El conflicto, sin embargo, no es reciente. Integrantes del Cipog-EZ denunciaron ataques constantes durante la última década presuntamente vinculados a Los Ardillos. De acuerdo con sus cifras, 76 integrantes fueron asesinados y otros 25 permanecen desaparecidos.
En mayo, la situación escaló y provocó el desplazamiento de habitantes de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, comunidades que forman parte de una región marcada desde hace años por la violencia.
