¡Síguenos!Claudia Sheinbaum insiste en que cualquier cooperación deberá respetar la soberanía mexicana.
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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, llegará este jueves 21 de mayo de 2026 a México en una visita oficial marcada por un ambiente delicado en la relación bilateral. El viaje se produce mientras Washington incrementa la presión sobre el Gobierno mexicano en temas relacionados con el combate al narcotráfico y la seguridad regional.
Se trata de la primera visita de un alto funcionario estadounidense a territorio mexicano en 2026, después del viaje realizado en septiembre del año pasado por el entonces jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Sin embargo, el contexto actual luce más complejo. Las últimas semanas han estado dominadas por fricciones políticas y cuestionamientos sobre la cooperación entre ambos países.
La expectativa gira alrededor de una posible reunión entre Mullin y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente afirmó que la visita permitirá mantener la coordinación en materia de seguridad, aunque reiteró que cualquier colaboración internacional debe realizarse con pleno respeto a la soberanía mexicana.
A la agenda bilateral se sumará el próximo lunes la visita de Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos y conocida como la “zar antidrogas”.
Ambos encuentros ocurren días después de la llamada telefónica entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, conversación que la mandataria describió como “cordial y excelente”.
La tensión aumentó tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Por primera vez, Washington solicitó la detención urgente de políticos en funciones relacionados con el Cártel de Sinaloa, situación que provocó un fuerte impacto político dentro de México.
El escenario se volvió todavía más sensible después de que dos exfuncionarios sinaloenses se entregaran la semana pasada a autoridades estadounidenses, alimentando versiones sobre una posible cooperación judicial con el país vecino.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano mantiene su postura: no habrá extradiciones sin pruebas suficientes presentadas formalmente por Estados Unidos.
En paralelo, también crecieron las dudas sobre el supuesto papel de la CIA en operaciones dentro de México, luego de versiones que apuntaban a un presunto “asesinato selectivo facilitado” por inteligencia estadounidense contra un integrante del Cártel de Sinaloa en marzo pasado.
La presidenta Sheinbaum rechazó esas versiones y las calificó de “ficción”, mientras la propia CIA negó la información en una inusual publicación pública. El episodio volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la posible injerencia estadounidense en territorio mexicano.


