¡Síguenos!Tope nacional de regidurías redefine estructura y recursos en municipios.
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La reforma electoral que se discutirá este martes, después del mediodía, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado mantiene intacto el mecanismo de revocación de mandato, sin integrar las propuestas impulsadas por el Partido del Trabajo. En contraste, introduce un ajuste estructural en los gobiernos municipales al fijar un límite nacional en el número de regidurías y redefinir la integración de los ayuntamientos.
En lo referente a la revocación de mandato, el dictamen conserva el diseño del Ejecutivo federal. No hay cambios sustanciales en reglas ni alcances. El ajuste es operativo: la convocatoria deberá emitirse dentro de los 60 días posteriores a la solicitud, sustituyendo el esquema previo que vinculaba la jornada a un máximo de 90 días tras su emisión.
La jornada de votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. En ese marco, la ciudadanía podrá decidir mediante voto directo, libre y secreto si la persona titular del Ejecutivo Federal continúa o no en el cargo antes de concluir su periodo. Se mantiene, además, la posibilidad de que la persona sujeta al proceso participe en la difusión y promueva el voto a su favor, conforme a la legislación secundaria.
El procedimiento seguirá siendo único durante todo el sexenio. También se conserva la opción de solicitarlo dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año de gobierno.
En el ámbito municipal, el dictamen establece que los ayuntamientos deberán integrarse por una persona síndica y un máximo de quince regidores, fijando un límite constitucional uniforme en todo el país. Este cambio elimina la variabilidad de las legislaciones locales, donde el número podía ampliarse bajo distintos criterios o acuerdos políticos.
La reforma enfatiza que la integración de los cabildos debe responder a un criterio de representación democrática, evitando esquemas ligados a beneficios políticos o personales. Asimismo, prevé que los recursos liberados por la reducción de regidurías permanezcan en el ámbito municipal y se destinen a servicios públicos, obra local y bienestar social.
