¡Síguenos!Revocación de mandato y cabildos concentran debate político y legislativo activo
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La reforma constitucional electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el Senado con la mira puesta en su entrada en vigor durante las elecciones de 2027. El proceso legislativo continúa abierto. No está cerrado. Y podría acelerarse mediante un periodo extraordinario en mayo, antes del límite constitucional del día 30.
Los senadores Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez confirmaron que el dictamen sigue en construcción. Se integran observaciones técnicas provenientes del Instituto Nacional Electoral, gobiernos estatales, congresos locales y distintas fuerzas políticas. El documento, por ahora, permanece en revisión fina.
Uno de los puntos centrales es la revocación de mandato. Se mantiene como un mecanismo de participación directa, activado únicamente por la ciudadanía mediante firmas. La propuesta amplía el margen para solicitarla y abre la posibilidad de realizarla en 2027 o 2028.
Inzunza Cázarez sostuvo que la presidenta puede hablar de su gestión durante el proceso. Lo definió como un ejercicio de rendición de cuentas, no propaganda. Sin embargo, la fecha del ejercicio sigue en discusión, especialmente ante la postura del Partido del Trabajo, que rechaza su coincidencia con la elección federal.
En paralelo, la integración de cabildos municipales se perfila como otro eje técnico. Cantón Zetina explicó que se busca ajustar el número de regidores sin romper las realidades locales. Ejemplificó: Oaxaca tiene 570 municipios con estructuras mínimas, mientras Tabasco presenta configuraciones distintas en 17 municipios. No hay un modelo único viable.
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, aclaró que el retraso responde a ajustes de técnica legislativa, no al debate sobre revocación. Alertó que fijar mínimos podría inflar estructuras y contradecir la política de austeridad, además de tensionar el federalismo.
Desde Yucatán, el gobernador expresó inquietud: un mínimo de siete integrantes podría ser financieramente inviable para municipios pequeños.
En contraste, la oposición endurece su postura. Ricardo Anaya Cortés, del PAN, afirmó que la reforma no tiene votos suficientes y calificó la revocación como “tramposa”. Añadió que el proyecto no enfrenta problemas como el crimen organizado ni el financiamiento ilícito.
Por su parte, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, anticipó voto en contra si no hay cambios. Su bancada se mantiene en sesión permanente, incluso durante Semana Santa, para asegurar presencia total en la votación.
A pesar del escenario dividido, Cantón Zetina aseguró que la reforma será aprobada. El plazo es claro: 30 de mayo, con aval del Congreso de la Unión y al menos 17 congresos estatales, cumpliendo la regla de los 90 días previos al proceso electoral.
