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Oposición advierte riesgos sobre uso de recursos de trabajadores en fondos
El Senado dio un paso clave en materia habitacional. Con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, Primera, aprobaron el proyecto que reforma la Ley de Vivienda para alinearla con la reforma constitucional de 2024.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, modifica diversos artículos para introducir, por primera vez, el concepto de “vivienda adecuada”, que sustituye al de “vivienda digna y decorosa”. Esta nueva definición incorpora siete elementos: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, servicios, infraestructura, habitabilidad, seguridad jurídica y ubicación.
El dictamen establece que una vivienda adecuada debe garantizar acceso a grupos vulnerables, respetar identidad cultural, ofrecer costos sostenibles y contar con servicios básicos. Además, deberá ubicarse cerca de centros de trabajo, salud y educación, y brindar protección contra desalojos.
La reforma faculta al gobierno federal, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para coordinar acciones de vivienda con sectores público, social y privado. También reconoce a organismos como Infonavit y Fovissste, permitiéndoles adquirir, construir, rehabilitar y arrendar vivienda, así como financiar autoproducción y urbanización.
El artículo 56 establece que estas instituciones podrán usar recursos de sus fondos, con autorización interna, sin comprometer la solvencia financiera ni los derechos de los trabajadores.
Durante el debate, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó: “Deja atrás la noción de vivienda digna y decorosa y adopta un concepto jurídicamente más preciso”. Añadió que permitirá diseñar políticas públicas medibles.
Geovanna Bañuelos sostuvo que la reforma es base para construir 1.8 millones de viviendas y entregar un millón de escrituras. Luis Armando Melgar subrayó que fortalece el derecho humano a la vivienda.
Desde Morena, María Guadalupe Chavira vinculó la reforma con acciones de Claudia Sheinbaum. En contraste, la oposición alertó riesgos. Ricardo Anaya calificó la propuesta como “un peligro”, mientras Mely Romero advirtió sobre el uso de 2.4 billones de pesos. Alejandra Barrales pidió blindar los ahorros.
En apoyo, Virginia Magaña afirmó: “Es un paso en la dirección correcta”.
El dictamen será turnado al pleno. De aprobarse, redefinirá la política de vivienda en México.
