¡Síguenos!Buscan reducir politización y reforzar independencia mediante cambios estructurales clave
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Los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero y el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, presentaron una iniciativa que plantea posponer la elección judicial hasta junio de 2028. La propuesta redefine el proceso con un enfoque técnico más estricto.
El proyecto introduce la certificación obligatoria para todas las candidaturas, que deberán contar con acreditación de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Además, establece un nuevo sistema de evaluación mediante la creación de un Comité Técnico encargado de revisar perfiles con criterios especializados.
La iniciativa sostiene que el proceso electoral de 2025 evidenció fallas estructurales. Los legisladores consideran que requisitos como promedios académicos o cartas de recomendación resultan insuficientes para medir las competencias reales en la función jurisdiccional.
También propone evitar que las elecciones judiciales coincidan con procesos políticos. La intención es reducir la politización y favorecer una deliberación más técnica. Según legisladores de Morena, el objetivo central es proteger la independencia judicial, mejorar la organización electoral y garantizar evaluaciones más objetivas.
El documento plantea fortalecer la calidad técnica, eliminando criterios subjetivos y sustituyéndolos por mecanismos estandarizados basados en competencias. Asimismo, busca despolitizar la elección judicial, otorgando mayor peso al Instituto Nacional Electoral (INE) y armonizando el modelo federal con el local.
La propuesta también contempla dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Órgano de Administración de Justicia Federal de herramientas para gestionar cargas de trabajo y ausencias con mayor eficiencia.
En materia constitucional, los diputados proponen reformar el artículo 76, para que el Senado apruebe renuncias y licencias de ministras y magistradas. Finalmente, se plantea modificar el artículo 94, estableciendo que la obligatoriedad de las sentencias dependerá de la publicación de una tesis aplicable a todas las autoridades jurisdiccionales del país.
