¡Síguenos!Una reserva aprobada por la mayoría de Morena abrió la posibilidad de ampliar su gestión
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Los magistrados Mónica Soto, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes podrían permanecer hasta 18 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral, luego de que una reserva avalada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados les permitiera extender su permanencia más allá del periodo para el que fueron nombrados originalmente.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dimensionó el alcance de la medida al señalar que representa un periodo equivalente a “más de la mitad del tiempo que gobernó Porfirio Díaz”. Los cuatro integrantes del órgano jurisdiccional fueron designados por el Senado en 2016 para desempeñar el cargo durante nueve años, conforme a lo establecido entonces por la Constitución.
Sin embargo, en septiembre de 2024, durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, se incorporó una disposición que abrió la posibilidad de que continuaran en funciones hasta la elección judicial prevista para 2027. De concretarse, los magistrados prácticamente duplicarían el tiempo originalmente previsto para su encargo.
La medida también contemplaba a la entonces magistrada Janine Otálora, quien decidió no acogerse a la ampliación. En una carta enviada al Senado informó que dejaría su cargo el 31 de octubre de 2024, argumentando que su decisión respondía a la convicción de respetar y exigir el cumplimiento de la Constitución.
Los cuatro magistrados restantes aceptaron continuar en funciones. Posteriormente, participaron en resoluciones relevantes para la integración del Congreso. Entre ellas destaca la validación de la denominada “supermayoría” que otorgó a Morena una sobrerrepresentación de 20% en la Cámara de Diputados durante agosto de 2024.
Además, en distintas resoluciones relacionadas con el partido guinda, determinaron que las actividades realizadas por las llamadas “corcholatas” o Coordinadores de Defensa de la Transformación no constituían actos anticipados de campaña. También respaldaron criterios que redujeron multas vinculadas con reportes de gastos de campaña y validaron intervenciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante periodos electorales.
