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Investigación vincula a acusados con el Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”
El 29 de abril de 2026, autoridades de Estados Unidos anunciaron cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La acusación fue presentada en Nueva York por el fiscal del Distrito Sur, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, quienes señalaron que los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a territorio estadounidense.
De acuerdo con el expediente, los acusados participaron en una conspiración para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de enfrentar cargos por posesión de armas de alto poder, incluidas ametralladoras. También se les atribuye haber recibido millones de dólares en sobornos para proteger operaciones criminales.
Uno de los casos más delicados involucra a Juan Valenzuela Millán, acusado de participar en secuestros que derivaron en asesinatos, incluido el de una fuente confidencial de la DEA.
Las autoridades sostienen que la red incluía mandos policiales, fiscales y actores políticos, quienes presuntamente filtraban información, evitaban operativos, protegían cargamentos y permitían actos violentos sin consecuencias. La investigación los vincula con “Los Chapitos”.
Los acusados enfrentan penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, especialmente en casos ligados a secuestro y homicidio.
“Ningún funcionario, sin importar su cargo, está por encima de la ley”, afirmó Clayton.
Actualmente, todos los señalados se encuentran presuntamente en México y no se han reportado detenciones. Las autoridades subrayaron que se trata de acusaciones y que prevalece la presunción de inocencia.


