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Acabar con los privilegios de un puñado rapaz es objetivo innegociable de estos regímenes, cuando no simulan.
Por supuesto, eso no le gusta a la derecha y a los privilegiados que pretenden que el estado de las cosas permanezca, para su exclusivo beneficio.
Aunque muchos no se atreven a decirlo y otros lo hacen con torpeza, en Puebla solamente los beneficiados de siempre, por compadrazgos e influencias, por sus relaciones -muchas torcidas- con el poder de antaño, se quejan hoy de la competencia abierta que se ha establecido por las notarías.
En realidad es un tema, además de técnico, de capilaridad social, para que cualquiera que reúna los requisitos profesionales y de capacidades, pueda aspirar a ser titular de una patente.
Tras la reforma a la Ley del Notariado y, con la intención de acercar el servicio de las notarías a más habitantes de Puebla, incluso en zonas consideradas casi rurales, el gobierno de Puebla anunció que emitirá el decreto para la creación de 100 notarías.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta adelantó que ésta será publicada en un máximo de tres semanas.
Ahí estarán contenidos los requisitos para notarios aspirantes, quienes deberán realizar prácticas notariales por seis meses. Así lo establece la ley.
En tanto, los abogados que ya estén fungiendo como notarios auxiliares no deberán hacer prácticas, sino esperar los tiempos para concursar por la titularidad.
Se acabó la aristocracia notarial en Puebla, que se creó a lo largo de décadas con la entrega discrecional de las patentes, en donde lo más importante era ser amigo de los gobernadores o tener relación con esa “realeza”, que también con el tiempo se pudrió en corrupción.
La resistencia y quejas serán de quienes han visto siempre el acceso a las notarías como un tema de estamento, como si se tratara de un lugar solamente reservado para una clase social, que también tenía ligas políticas.
Las patentes además eran un enorme negocio y siempre fueron entregados por cuotas de poder, como premios a la salida de los gobernadores y sus funcionarios.
Literalmente, se trata de que cualquier abogado que reúna los requisitos y las capacidades, y que cumpla con las reglas que establece la nueva Ley, pueda ser notarios.
No ya solamente una clase política y social privilegiada, desde donde, en muchos casos, se ha visto de soslayo a los demás.
Capilaridad social le llaman.
Que griten y sollocen los injustamente privilegiados de antaño.
Que lo festejen quienes ven justicia social.
