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Señalan intento de exoneración anticipada y abandono a las víctimas.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó la realización de un peritaje externo, autónomo e internacional sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, al considerar que el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) resulta insuficiente, parcial y orientado a responsabilizar únicamente al maquinista.
Los legisladores advirtieron que los resultados difundidos por la FGR muestran una exoneración anticipada, lo que —afirmaron— deja en indefensión a las víctimas y a sus familias, al omitir factores estructurales y decisiones administrativas documentadas.
Desde la oposición, el PAN subrayó que el hecho no fue un accidente fortuito, sino una tragedia anunciada por corrupción y negligencia, y acusó que la narrativa oficial busca fabricar chivos expiatorios para cerrar el caso de manera prematura.
El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa, sostuvo que el gobierno federal pretende clausurar la investigación al culpar exclusivamente al operador del tren, mientras ignora advertencias técnicas, auditorías desatendidas y decisiones políticas documentadas desde 2019, que alertaban sobre fallas estructurales, uso de materiales de baja calidad y deficiente supervisión.
“Cuando existen auditorías ignoradas, advertencias técnicas documentadas y aun así se decide seguir operando, no estamos ante un error humano aislado, sino ante una negligencia institucional”, afirmó. Añadió que la Fiscalía no puede cerrar el caso con una exoneración anticipada y debe investigar a los responsables políticos y administrativos.
En el mismo sentido, la diputada Diana Gutiérrez señaló que el informe rompe con cualquier estándar mínimo de justicia, al omitir auditorías existentes desde 2019 y señalar solo al eslabón más débil. “Eso no es justicia para las víctimas; es encubrimiento”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Federico Döring acusó a la FGR de actuar como defensora de oficio de la corrupción, y de abandonar a las familias afectadas.
Finalmente, el PAN exigió la suspensión temporal de operaciones en la Línea Z, la incorporación obligatoria de las auditorías de la ASF, la publicación íntegra de los dictámenes periciales y una certificación internacional de seguridad antes de cualquier reanudación del servicio.
