¡Síguenos!CEESP advierte que corrupción e inseguridad frenan decisiones empresariales y nuevos proyectos.
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El sector empresarial mexicano sostuvo que la economía nacional tiene capacidad para crecer de manera consistente al 4.0%, aunque advirtió que ese objetivo depende de elevar la inversión por encima del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) durante periodos prolongados.
El planteamiento fue expuesto por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), organismo que remarcó la necesidad de fortalecer las condiciones para atraer capital y acelerar proyectos productivos en el país. El análisis coloca sobre la mesa factores que, desde la óptica empresarial, continúan condicionando las decisiones de inversión.
El CEESP señaló que para impulsar la inversión privada es indispensable consolidar un ambiente de certeza jurídica, acompañado de un entorno donde la corrupción y la inseguridad no influyan en las determinaciones de empresarios nacionales e inversionistas internacionales.
El organismo consideró igualmente necesario establecer un esquema fiscal que funcione como incentivo para canalizar más recursos hacia la actividad productiva. En ese contexto, calificó como un paso apropiado la intención de agilizar procesos para aprobar proyectos de inversión y facilitar la generación de empleos formales de calidad.
El organismo vinculado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que el acuerdo impulsado por el gobierno de México para acelerar inversiones podría convertirse en una herramienta eficiente para estimular el crecimiento económico nacional.
Aun así, insistió en que el principal reto sigue siendo construir un entorno estable para los negocios. La agrupación recordó que la inversión privada representa cerca del 90% del total de la inversión en el país y explicó que buena parte se concentra en empresas medianas y grandes, mientras las micro y pequeñas compañías aportan el porcentaje restante.
El CEESP sostuvo que un entorno atractivo permite modernizar operaciones, elevar productividad e integrar a más compañías a la dinámica económica. También enfatizó que la coordinación entre autoridades e inversionistas será determinante para fortalecer el ambiente de negocios.
Entre los beneficios planteados dentro del acuerdo para fomentar la inversión productiva destacan la eliminación de costos burocráticos, la aprobación de proyectos sin retrasos administrativos y la llamada afirmativa ficta, mecanismo que permitiría validar trámites si la autoridad no responde en un plazo de 90 días.
Finalmente, el organismo subrayó que el elemento más relevante sigue siendo la certeza jurídica, especialmente mediante procesos digitales transparentes y eficientes que otorguen confianza a los inversionistas en cada etapa de los proyectos.
