¡Síguenos!Señala ausencia de pruebas suficientes y exige respeto a confidencialidad procesal
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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que analiza la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por el Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios vinculados con Sinaloa, en un proceso que se mantiene bajo revisión estricta conforme a la ley mexicana.
El posicionamiento surge tras la información difundida este día por autoridades estadounidenses. La FGR explicó que, como en cualquier trámite internacional, debe cumplir todos los procedimientos y protocolos establecidos antes de determinar la viabilidad jurídica del requerimiento.
De acuerdo con la institución, la notificación fue canalizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que activa la intervención de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, encargada de evaluar si existen elementos probatorios suficientes.
En paralelo, la Fiscalía iniciará una investigación propia para reunir datos que permitan establecer si la acusación cuenta con sustento legal. La legislación mexicana, subrayó, exige que cualquier orden de aprehensión se base en datos de prueba que acrediten la probable comisión de un delito.
Sin embargo, el organismo precisó que la solicitud estadounidense no incluye evidencias contundentes, lo que limita su análisis inicial. Además, recordó que el Tratado Bilateral de Extradición establece que solo procederá una entrega si las pruebas cumplen con los estándares legales del país requerido.
La FGR también advirtió sobre la difusión pública de la solicitud, señalando que el propio gobierno estadounidense solicitó confidencialidad. La exposición del caso, indicó, podría afectar la naturaleza reservada de los procesos penales, en línea con lo dispuesto por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas.
En el ámbito interno, la institución recordó que, tratándose de gobernadores o senadores, es necesario un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción judicial.
La Fiscalía reiteró que actuará con pleno respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho, garantizando los derechos de las personas involucradas. “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, concluyó.
