¡Síguenos!Iniciativa reconoce riesgos tras ruptura y fortalece acceso a justicia institucional
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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó incorporar de forma explícita en la ley un tipo de violencia ejercida por cónyuges, concubinos, parejas o exparejas, incluyendo cualquier vínculo sentimental o íntimo vigente o pasado. La propuesta se presentó como parte de una reforma legal orientada a cerrar vacíos normativos que han limitado la protección de las mujeres.
La diputada María Teresa Ealy sostuvo que este reconocimiento resulta clave para evitar criterios restrictivos por parte de autoridades, que con frecuencia clasifican estas agresiones como conflictos personales. Esa interpretación, advirtió, ha derivado en la negación de medidas de protección y en procesos de revictimización.
La iniciativa contempla la modificación del artículo 6 y la adición de un artículo 7 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el objetivo de garantizar un acceso más efectivo a la justicia. En su exposición de motivos, la legisladora enfatizó que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más graves y persistentes en México.
Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de que la violencia no termina con la ruptura. “Uno de los momentos de mayor riesgo para las mujeres ocurre precisamente cuando deciden poner fin a una relación violenta”, advirtió, al señalar el incremento de acoso, amenazas, violencia económica, digital y agresiones físicas o sexuales en esa etapa.
El proyecto establece que estos casos deberán atenderse bajo principios de debida diligencia reforzada, perspectiva de género, prevención del riesgo feminicida y protección integral de la víctima, fortaleciendo la actuación institucional.
Ealy Díaz resumió el objetivo: “nombrar para proteger”. Subrayó que reconocer estas formas de violencia es el primer paso para erradicarlas, especialmente en contextos donde mujeres jóvenes o en relaciones no formales han quedado fuera de la cobertura legal.
La propuesta también se alinea con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, al reconocer la amplitud de relaciones donde puede ejercerse violencia.
Finalmente, la reforma plantea armonización legislativa en estados y capacitación obligatoria para autoridades, con el fin de consolidar un marco jurídico más sólido frente a la violencia de género.
